Creo recordar que el viejo, aunque elogiable en mucho, tradicionalismo español diferenciaba entre legitimación de origen y legitimación de ejercicio. La legitimación de origen del Rey, en la España de hoy, entiendo que deriva directamente de la Constitución. La de los otros cargos políticos e institucionales proviene también, cómo no, de la Constitución, pero al mismo tiempo, y de un modo especial, de lo que se vote en las urnas.

La legitimación de ejercicio –y me acuerdo de cuando mi catedrático en Sevilla don Francisco Elías de Tejada escribió que “autoridad que se aparta de la ley no merece consideración de autoridad”– enraíza en el buen uso del cargo o función que se ejerce. Si quien reprueba la conducta del Rey emérito (aun bajo la presunción de inocencia) quiere por eso abolir la monarquía, debiera preguntarse si, por la misma regla de tres, antes tendríamos que eliminar los cargos de presidente del Gobierno, vicepresidente, algunos ministerios, presidentes de juntas autonómicas, consejeros, alcaldes de algunas ciudades y concejales diversos, a causa de la conducta fea y corrupta de quienes hayan ocupado sin ninguna distinción ética esos cometidos, y fueron ya juzgados social o judicialmente, y condenados, mucho antes que el emérito.

La solución históricamente fue deponer, destituir, sustituir al personaje nefasto, y pedirle responsabilidad económica y/o penal. El cargo, hasta ahora, siempre ha pervivido en sucesivas personas. Pero si hay que hacer un referéndum sobre cargos e instituciones a destruir, que se haga, mas por orden de antigüedad de fechorías de sus personajes al frente, por favor.