Los partidos aliados del Gobierno -ERC y Bildu-, además de uno de los propios integrantes, han estrechado el cerco sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a causa de lo sucedido el pasado 24 de junio en la valla fronteriza de Melilla. Hace tiempo que este ministro había sido cuestionado por, entre otras causas, la política migratoria de España, y él mismo había dejado traslucir su cansancio al frente de unos de los ministerios más expuestos del Gobierno. Es cierto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no explicó del todo lo ocurrido en esa zona fronteriza entre España y Marruecos, y que ahora hay sospechas de que algunos inmigrantes cayeron, y no fueron atendidos, en la banda española. Pero no se puede olvidar que se trató de un asalto planificado y violento por parte de unos 1.700 inmigrantes, que algunos portaban palos y piedras y que, incluso, se utilizó una radial en el puesto fronterizo. Lo que sostiene el Ministerio del Interior es que se hizo uso de la fuerza de un modo "proporcional" y que "ningún hecho trágico" ocurrió del lado español. Grande-Marlaska defiende que los hechos ocurrieron en un área operacional conjunta entre ambos países. Entendemos que debe dar mejores explicaciones, pero que en ningún caso se pueden poner en duda, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, las actuaciones de los agentes de la Guardia Civil. El problema político de Grande-Marlaska es que ligó su actuación a la del Gobierno de Marruecos, que como poco desatendió la asistencia médica a los heridos. Ni siquiera se conoce si la cifra de 22 muertos es la real. Los aliados de Pedro Sánchez, dentro y fuera del Gobierno, parecen dispuestos a llevar hasta el final su exigencia de dimisión, o cese, del ministro. No es descartable que el presidente remodele el Ejecutivo en las próximas semanas con motivo de las elecciones municipales -algunos ministros pueden ser candidatos- y que, entonces, se produzca el relevo de Grande-Marlaska.