El informe de la Brigada de Información de la Policía sobre la "mafia del taxi" del Aeropuerto de Sevilla, publicado ayer por este periódico, es sencillamente demoledor. En el documento se afirma que los 32 taxistas investigados, pertenecientes todos ellos al sindicato Solidaridad del Taxi, responden a un modelo de organización mafiosa "concertada y coordinada" para quedarse de facto con el goloso negocio de trasladar casi en exclusiva a los viajeros desde San Pablo hasta Sevilla y otras localidades de su entorno. Para lograr sus objetivos, la mafia del taxi ha recurrido a todo tipo de actos vandálicos, agresiones a otros conductores (bien taxistas bien conductores de VTC) y actos vandálicos contra vehículos e infraestructuras del aeropuerto. Este problema no es nuevo y lleva coleando increíblemente desde hace veinte años, sin que ningún Gobierno municipal haya decidido ponerle fin. Que un grupo de personas como la llamada mafia del taxi haya sido capaz de aburrir y doblegar al Ayuntamiento de Sevilla es algo que debería llevarnos a una profunda reflexión.

Es cierto que el actual Gobierno municipal creó en su día una unidad de la Policía Local para intentar controlar el problema, pero también lo es que, hasta la fecha, los resultados son absolutamente nulos, más por inacción que por incapacidad. La mafia del taxi sigue actuando y, hoy por hoy, los taxistas y otros tipos de conductores profesionales que no pertenecen a Solidaridad del Taxi no pueden operar con libertad en la terminal de San Pablo. Además, el Ayuntamiento y su delegado de movilidad, Juan Carlos Cabrera, han hecho oídos sordos a una sentencia del TSJA en la que se recomienda los turnos rotatorios en el Aeropuerto para evitar estas prácticas mafiosas.

Finalmente, ha tenido que ser la Justicia, gracias una investigación que instruye el Juzgado número 8, la que ha tenido que tomar cartas en el asunto. Hasta el momento, hay 32 personas investigadas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, coacciones, daños y amenazas. Sin embargo, el Ayuntamiento se escuda en las ordenanzas para decir que no puede tomar medidas concretas contra los investigados mientras no haya una sentencia firme. Nadie le pide tal extremo. Lo único que se le exige al Gobierno municipal es que, de una vez por todas, garantice la seguridad y la libertad de los profesionales del taxi y de los usuarios en el Aeropuerto de Sevilla. Un pequeño grupo de personas no puede doblegar a toda una ciudad.