La sociedad mundial es cada vez más exigente en la consecución de objetivos ambientalmente sostenibles y se posiciona cada vez más en parar la crisis climática. Ejemplo singular son las movilizaciones europeas de Friday for Future. También las de la semana del 22-27 de septiembre en el mundo.
El incremento de la temperatura media global sobre la tierra y océanos, la desaparición continuada de especies, la ineficiente gestión del agua potable y la elevación sostenida de los niveles de CO2 por causas antropogénicas han hecho saltar las alarmas y crecer las demandas hacia políticas más contundentes. Entre otras cosas porque no tenemos Opción B para nuestro planeta.
Muchos países, gobiernos regionales y ciudades como Sevilla han dado ya un salto cualitativo para declarar la Emergencia Climática. Es un primer paso sí, pero que tiene que ir a mucho más.
Lo primero un acuerdo gubernamental para incidir en acciones que rompan la tendencia térmica creciente, aumento de contaminantes nocivos para la salud humana y demás seres vivos, de incremento desorbitado de Gases de Efecto Invernadero, extinción de especies, deficiencia alimentaria en muchos países, migraciones climáticas, desigualdades sociales…
Estas medidas incontestables, tras 27 años de cumbres que reúnen con rigor las determinaciones científicas internacionales, deben implementarse como nuevas políticas verdes, con la labor de las organizaciones de defensa ambiental, recogiendo la creciente movilización y conciencia social, llevando hacia un nuevo modelo energético, alimentario y de respeto al entorno. Nos preguntamos qué compromisos efectivos iban a salir de Nueva York estando ausentes EEUU y Brasil.
Esta declaración conllevará la toma de nuevas decisiones que nos aboquen hacia otra senda muy diferente, un giro de 180º, para evitar el colapso pronosticado en menos de once años. Lo que no se puede es “no actuar”. Avanzar con unos objetivos concretos, firmes, eficaces y sin vuelta atrás. Por ejemplo: promocionar el transporte de viajeros y mercancías con el tren convencional; revegetar las ciudades; favorecer el autoconsumo energético; limitar y ordenar el tráfico privado en las ciudades; optimizar las redes de agua y gestión de residuos…
Lo segundo, comprender esta realidad en lo regional y local resulta imprescindible: a) para el caso concreto de Sevilla (con los procesos de inversión térmica que sufrimos al año); y b) de todo el sureste peninsular y Valle del Guadalquivir (por el avance del Desierto del Sáhara como se aprecia en el mapa mundial global).
Dar pasos por la sostenibilidad y ejecutar unas políticas firmes, como la del Plan Andaluz de la Bicicleta, deben quedar fuera de dudas. Está claro que las consecuencias ambientales y sanitarias cada año son más evidentes y aceleradas.
Por eso Sevilla debe abanderar esta declaración por la vía de los hechos: girando en las políticas de protección efectiva y ampliación generosa del arbolado, atajando el creciente problema circulatorio y de transporte hacia servicios públicos sostenibles y eficientes (la problemática de los patinetes eléctricos, llevados mayoritariamente por jóvenes sanos y sin discapacidades físicas y que luego se abandonan en la vía pública, resulta surealista), limitando el tráfico privado, favoreciendo la transición energética y el consumo eléctrico hacia fuentes limpias, apostando por un urbanismo sostenible ambientalmente (implantar un sello de calidad ya), educando hacia un consumo de proximidad, limpieza urbana más allá del eje Puerta Jerez a las Setas… y un largo etcétera. Pero siempre con la participación y concienciación ciudadana, premiando además sus gestos positivos.
Necesitamos que la Declaración de Emergencia Climática ya aprobada sea efectiva a muy corto plazo, dado que nuestra posición geográfica nos compromete frente al creciente desierto. Ya es sabido que las medidas al respecto, si no son contundentes y unánimes, resultarán ineficaces.
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