LA noticia de que la Junta de Andalucía va a ocupar más de 1.300 metros cuadrados libres de los edificios de la Plaza de España, con más de 100 funcionarios nos ha dejado perplejos. Recordemos que el objetivo de su arquitecto, el gran Aníbal González, era que, una vez terminada la Exposición Iberoamericana de 1929, el gran edificio de la Plaza fuera destinado a universidad obrera, es decir, un uso docente y cultural. Evidentemente, un uso, exclusivamente administrativo y funcionarial, no se ajusta a las intenciones originales del edificio.
El edificio se asienta sobre suelos demaniales o de propio, pertenecientes a la ciudad de Sevilla, donados por Fernando III, al igual que los terrenos del Prado de San Sebastián. Precisamente este carácter público impidió el intento municipal, en los años setenta, de construir un gran centro comercial privado donde hoy existe un hermoso jardín público.
Durante los siete años que transcurrieron desde el final de la exposición Iberoamericana hasta el golpe de Estado de 1936, el edificio quedó vacío o con escaso uso. Recién tomada la ciudad por el general Queipo de Llano, éste se instaló en la torre norte de la Plaza y cambió el futuro del edificio que estaba previsto para acoger, en el curso académico 1936-37, la Facultad de Derecho; no en vano existe todavía un hemiciclo, propio de un aula magna. Así, el edificio se convirtió en sede militar del ejército golpista. Pero el interés de Queipo fue más allá de ocupar provisionalmente el edificio de la Plaza de España. Siempre tuvo la intención de transferirlo al Estado, iniciando el proceso que culminó Franco en 1949 de manera fraudulenta. Veamos el proceso: Por decreto de 11 de Septiembre de 1936 del General Jefe del Ejército del Sur se dispuso “la extinción de la Comisión Liquidadora de la Exposición Iberoamericana y el pase al Estado de los palacios de la Plaza de España, así como la designación de peritos del mismo y de la Corporación Municipal al objeto de valorar los terrenos (no lo edificado, subrayamos) que ocupa dicha plaza para su pago por el Estado al Ayuntamiento.” Como vemos, ninguna mención al carácter demanial de los terrenos que hacía imposible su venta. El pago de 9.972.620 pesetas que realizó el Estado al Ayuntamiento en 1949 para comprar los 19.945,24 metros cuadrados “en que están enclavados los edificios del conjunto de Plaza de España”, no fueron para este fin sino un préstamo aprobado por el Consejo de Ministros para “hacer frente al problema de las viviendas modestas del Ayuntamiento de Sevilla”. Así pues, con este préstamo, que fue devuelto por la ciudad, el Estado se metió en el bolsillo “gratis et amore” los Palacios de la Plaza de España.
Registralmente, el dominio del conjunto edificado se inscribió a favor del Estado en fecha tan tardía como 1996.
En consecuencia, es de justicia, a nuestro entender y a la vista del proceso irregular por el que fue hurtado el edificio al pueblo de Sevilla, que la corporación municipal, en cumplimiento de la vigente Ley de Memoria democrática, exija la devolución de la Plaza de España a la ciudad.
Pero no solo eso: el edificio debe recuperar el uso para el que fue creado, el uso cultural. No es tolerable que un conjunto monumental de este nivel esté ocupado por usos administrativos, que pueden estar en cualquier otro edificio, ofreciendo solo al visitante sus fachadas y negando una visita a sus interiores. Recordemos que, para muchos visitantes, lo más importante de su experiencia sevillana es la Plaza de España. Por ello creemos que seguir saturando sus espacios interiores con funcionarios, que podrían estar en cualquier otro edificio, es una aberración que conducirá, inevitablemente, a una mayor destrucción de su identidad. Confiemos en que la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico tenga algo que decir.
Sevilla necesita espacios para varios museos: en primer lugar, un lugar para exponer la memoria de las Exposiciones de 1929 y 1992. ¡Qué mejor localización que la Plaza de España, epicentro de la Exposición Universal de 1929 en el año de su centenario!
