La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha dado instrucciones para la reanudación de la actividad en el edificio que alberga los juzgados 1 y 2, el servicio común de partido judicial y el Registro Civil de Alcalá de Guadaíra, tras el informe elaborado por una empresa especializada que acredita su seguridad estructural.

En un comunicado de prensa, la Junta ha informado de que los técnicos que han inspeccionado el inmueble concluyen que "es evidente que no existen razones que lleven a poner en duda la capacidad resistente y portante de la estructura del edificio. "

Además, el informe afirma que "tampoco existen pruebas sobre riesgos para la seguridad de las personas derivados de la falta de seguridad y estabilidad estructural".

En este sentido, tres arquitectos llevaron a cabo en la tarde de este miércoles una evaluación técnica de las condiciones de seguridad estructural del edificio.

Los técnicos de la empresa especializada realizaron las catas necesarias y una inspección visual de las dependencias interiores del inmueble así como de sus patios, fachadas y cubiertas observando e identificando los elementos estructurales.

Este análisis les llevó a la conclusión de que "el estado de conservación de la estructura es normal, los muros de carga se encuentran bien consolidados, no se aprecian asientos diferenciales en las bases de los mismos y que los elementos resistentes de los forjados se encuentran en buenas condiciones".

Las garantías de seguridad aportadas por la Junta de Andalucía a la Inspección de Trabajo han hecho posible que los 25 funcionarios que desarrollan su labor en el edificio clausurado puedan ocupar sus puestos de trabajo y desarrollar sus funciones con normalidad.

Durante el período de cierre del edificio, los servicios indispensables relacionados con el registro de defunciones se han desarrollado en el juzgado de guardia de Alcalá de Guadaíra.

De esta forma, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha posibilitado que se siga prestando al usuario aquellos servicios inaplazables, desde las instancias judiciales correspondientes, durante el tiempo que ha permanecido cerrado el edificio.