Los planes de diversas empresas energéticas para poner en marcha plantas termosolares en la provincia de Sevilla se encontrarán con muchos problemas para poder desarrollar sus iniciativas. Especialmente, con un problema: la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que ya ha advertido que no hay agua suficiente para todos y que muchos de estos proyectos no podrán seguir adelante porque no podrán contar con la concesión que necesitarían para su actividad.

La CHG ha recibido una treintena de proyectos de plantas termosolares repartidos por toda la provincia sevillana a los que debe dar el visto bueno dado que estas instalaciones necesitan una captación de agua, que debe ser autorizada por el organismo gestor de la cuenca. El problema es que la CHG ya ha advertido en varias ocasiones que no hay posibilidad de otorgar nuevas concesiones de agua debido al déficit hídrico que sufre la cuenca del Guadalquivir. Esto fue lo que ocurrió por ejemplo con el caso de la central de ciclo combinado, que vio también rechazada su autorización porque no podía acceder a una nueva concesión.

Entre esta treintena de iniciativas que están sobre la mesa del comisario de Aguas de la CHG, Javier Serrano, al menos un tercio basan su proyecto en una concesión nueva de agua, por lo que resulta más que probable que no reciban la autorización de este organismo, aunque ya cuenten con otros permisos como los de la Consejería de Innovación para la evacuación de la electricidad, o los de la Consejería de Medio Ambiental para comprobar su impacto ambiental.

Otra tercera parte de estos proyectos cuentan con un agua prestada. Se trata de plantas termosolares que estarán ubicadas en parcelas que ya cuentan con una concesión de agua, pero que debe ser destinada a regadío, por lo que en principio tampoco la podrían utilizar para un uso industrial como es la producción de electricidad. Sin embargo, los promotores de los proyectos pidieron a la CHG que se hiciera una excepción para estos casos, dada su importancia socioeconómica y la Confederación realizó una consulta al Ministerio de Medio Ambiente que, aunque no es oficial, ha aceptado un posible cambio en la Ley de Aguas, que es la que marca las prioridades en el uso del agua y la que determina que el agua de regadío no se puede destinar a un uso de una prioridad inferior, como es la industrial. En cualquier caso, se trata de proyectos que pueden sufrir un importante retraso, por cuanto debe tramitarse el cambio en la normativa.

La última tercera parte de los proyectos tienen un proceso administrativo más complejo, por cuanto se ubican en zonas calificadas como "regables" en las que se puede utilizar el agua para regar pero ni siquiera tienen una concesión porque se trata de una situación particular. En este caso, habrá que seguir un doble proceso: cambiar la calificación del suelo y modificar la concesión de agua para permitir su uso industrial.