Un olivarero sevillano ha sido condenado a un año y medio de cárcel por un fraude de 780.460 euros en subvenciones europeas al aceite de oliva, que consiguió mediante "declaraciones falsas" de producción en tres campañas entre 1996 y 1999.

El acusado B.M.M. era titular de varias fincas en las localidades sevillanas de Osuna y Cazalla de la Sierra, donde declaró unas producciones "inverosímiles", pues se trataba de olivares "en estado de semiabandono, de potencial productivo casi nulo, en terreno abrupto, con barrancos, fuertes pendientes y difícil acceso", según la sentencia del juzgado penal 7, a la que tuvo acceso Efe.

El delito contra la Hacienda Pública, según la sentencia, se produjo mediante declaraciones falsas de producción de aceituna y aceite, por las cuales el Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), como organismo encargado de pagar las ayudas de la Unión Europea, le abonó 780.460 euros.

La condena por este fraude, que la juez analiza en una sentencia de 42 folios, fue posible por una exhaustiva investigación de los inspectores de la Agencia Española para el Aceite de Oliva, que incluyó fotografías aéreas de los terrenos cultivados y su comparación con las producciones declaradas cuando las fincas estaban arrendadas por otros agricultores.

Así, según la sentencia, una de las fincas fue arrendada por su propietaria porque no era rentable "por no ser de buena calidad los olivos" y otro de los olivares tenía los árboles "en estado de decrepitud, con abundante vegetación, jaras y matorrales".

Tal estado de deterioro, con presencia de hongos y sin podas, no se debía a que se tratase de un cultivo ecológico, como argumentó el procesado, sino al "estado de abandono en su cuidado".

En otra finca de Cazalla, añade la sentencia, el olivarero declaró una producción de 970.696 kilos de aceituna y según los peritos de la Agencia para el Aceite de Oliva "era imposible una producción superior a los 594.712 kilos".

La juez precisa que el procesado "no era desconocedor del mecanismo de estas ayudas comunitarias, pues ya se le habían concedido y denegado" en ocasiones anteriores, y también rechaza el argumento de su defensa de falta de imparcialidad de los inspectores.

Estos técnicos, dice la sentencia, "son los encargados del control no solo en las parcelas del acusado, con el que no mantienen ninguna enemistad, sino en el resto de España" y abrieron expediente contra él por su conocimiento de las producciones medias en esa zona, al levantar sospechas lo declarado por B.M.M..

La sentencia condena al olivarero por tres delitos contra la Hacienda Pública, con una pena de seis meses por cada uno, así como al pago de una multa de 390.230 euros y la devolución al FAGA de las cantidades percibidas indebidamente.