La Audiencia de Sevilla ha dictado una orden de búsqueda y captura contra José Luis Vega (IU), ex alcalde de La Algaba condenado a dos años y medio de cárcel por cohecho por pedir 60.000 euros a unos empresarios. 

Fuentes del caso han informado que el tribunal que le condenó ha enviado una requisitoria a la Guardia Civil de la localidad para que implemente el ingreso en prisión, al no haberlo hecho voluntariamente el interesado. 

Vega fue condenado por pedir esa cantidad a los empresarios como condición para otorgarles una licencia urbanística, en un "acto de corrupción político-económica de especial gravedad". 

Según la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, Vega fue entre 2003 y 2009 alcalde de La Algaba, donde la empresa Arcopro promovía unas viviendas en la zona conocida como Hoyo Barrero. 

La empresa no obtuvo las licencias de primera ocupación, por lo que sus responsables iniciaron contactos con el entonces alcalde y éste, "de manera inesperada", otorgó los permisos el 16 de julio de 2008, "no obstante la existencia de informes jurídicos desfavorables a su otorgamiento suscritos por la Oficial Mayor del Ayuntamiento", de cuyo contenido "fue expresamente informado el acusado". 

El cambio de posición se produjo porque Vega había solicitado a la empresa 60.000 euros a cambio de conceder tales licencias, aunque después estuvo dispuesto a rebajar la cantidad a 30.000 euros y finalmente otorgó la licencia, sin llegar a percibir dinero, "ante la sospecha fundada de que algunas de sus conversaciones habían sido grabadas". 

Junto al entonces alcalde fue condenado a nueve meses de cárcel, como cómplice del cohecho, Antonio Muñoz Molina, que según la sentencia era un contratado laboral del Ayuntamiento y ocupaba el "difuso cargo de coordinador del grupo de Izquierda Unida". 

Según los jueces, "ninguna credibilidad merecen las manifestaciones" de Vega de que desconocía el informe jurídico y además sus declaraciones no fueron coincidentes pues en el juzgado de instrucción no reconoció su voz como la que aparecía en las grabaciones y en el juicio declaró que recordó a un electricista que la constructora debía pagar 60.000 euros "pero que esta cantidad se correspondía con el importe de las tasas y de los jardines".