Provincia

La Diputación prevé que los exámenes del plan de estabilización de trabajadores arranquen en mayo

  • Los responsables de recursos humanos confían en que antes se conozca la sentencia del Tribunal de la UE sobre los interinos

  • El colectivo de temporales muestra su malestar e insiste en que el proceso se debe suspender para no perjudicar a terceros 

Interinos de la Diputación de Sevilla exhibiendo pancartas durante un pleno.

Interinos de la Diputación de Sevilla exhibiendo pancartas durante un pleno. / Belén Vargas

El colectivo de interinos de la Diputación de Sevilla ha mostrado su inquietud y malestar porque el área de Empleado Público haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases de otras 125 plazas de las más de 380 afectadas por los procedimientos de estabilización y haya diseñado un calendario provisional para los exámenes. Éstos, arrancarían en mayo, a pesar del compromiso de "ralentizar" el proceso hasta que se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el problema de los interinos en España. En concreto, se señaló que los exámenes no se celebrarían hasta que se conociera el fallo. 

El director del área de Empleado Público, Francisco Joya, ha trasladado que la "calendarización" que se ha elaborado ya contempla un "margen razonable" por si la sentencia del tribunal europeo "produjera, en su caso, alguna consecuencia sobre la oferta y sus convocatorias". 

El fallo se espera para febrero o marzo, según la Corporación, que señala también que las bases se han publicado para "dar a conocer a los aspirantes los temarios y programas y que cuenten con mayor tiempo para la preparación, en caso de que la sentencia de la UE fuera desfavorable". 

"El criterio sigue siendo el mismo que se acordó con la mayoría sindical: ralentizar al máximo la convocatoria, siempre y cuando no se ponga en peligro la caducidad de la oferta", insisten desde el área. 

Los interinos, que suponen el 53% del personal de la Diputación de Sevilla, subrayan que si se abre el plazo para solicitudes sería más compleja cualquier adaptación a lo que fije la sentencia del tribunal europeo y piden "prudencia", para no perjudicar a terceros. Esta demanda ante Ue ha sido promovida por unos 5.000 funcionarios interinos y temporales contra la Administración española para que se les declare trabajadores indefinidos después de años en sus puestos encadenando contratos eventuales. 

En este sentido, los afectados de la Diputación siguen confiando en que, aunque la fijeza automática es improbable, se obligue a que el personal en estas circunstancias opte a sus plazas a través del concurso de méritos o un sistema más garantista que el concurso oposición que se ha previsto.

"No nos negamos a hacer el examen", insiste un portavoz de los interinos, que mantendrán sus protestas en los plenos  y participarán en una gran movilización que se está programando en Madrid, con personal de toda España en circunstancias similares.  

Los primeros exámenes, para la primavera

El plazo para presentar la documentación y participar en esas oposiciones (que, si no hay cambios generarán bolsa de trabajo) se abrirá una vez que las bases se publiquen también en el BOJA y en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Según los trabajadores, está previsto que ocurra de forma inminente con las plazas que salieron en el BOP en agosto, las primeras con las que se abrirá el plazo para presentar la documentación. En mayo, se ha previsto el primer examen para 19 plazas, nueve de ellas para técnico de la administración general, entre otras de psicólogo, ordenanza, médico generalista, guía cultural o educador. 

Según el citado calendario de pruebas elaborado por la Diputación, en los siguientes meses de 2020 se celebrarían los primeros exámenes para otros 284 puestos. El resto, serían ya en 2021. 

La Corporación ha insistido en que no se puede suspender del todo el proceso para no "incurrir en caducidad", dada la "infinidad de trámites", que no es posible acometer en un "breve plazo" pero que son necesarios. Los interinos señalan que la ley contempla otros plazos cuando se está pendiente de sentencias del TSJU, como sería el caso. 

Esta calendarización se hizo pública después de que el director del área accediera a reunirse con el abogado Javier Aráuz, que promovió la demanda ante la UE y representa también a unos 200 interinos de la Diputación. 

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