Cerca de 3.000 trabajadores interinos del sector publico de toda España se han unido en Madrid.

La plataforma de afectados del Ayuntamiento y la Diputación y la Coordinadora andaluza exigen que se paralicen las ofertas de empleo público para abrir una negociación. Han presentado un escrito ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, para que medie. También han vuelto a protestar durante el Pleno de la corporación provincial.

Los responsables de recursos humanos confían en que antes se conozca la sentencia del Tribunal de la UE sobre los interinos. El colectivo de temporales muestra su malestar e insiste en que el proceso se debe suspender para no perjudicar a terceros.

Los sindicatos que respaldan las movilizaciones del colectivo, que representa el 53% de la plantilla, salen reforzados en las elecciones sindicales de la corporación.

La Audiencia Nacional respalda el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos en 2017. Los empleados públicos andaluces se han movilizado para exigir sus derechos.

Creen que el anuncio de Villalobos de no celebrar exámenes hasta que se conozca la sentencia de la UE sólo intenta desactivar su movilización. .

No se celebrarán los exámenes hasta que el tribunal europeo se pronuncie, a principios del año que viene. Hay más de 380 plazas afectadas por el plan de consolidación, que iban a generar bolsa de trabajo.

Exigen que se paralicen las convocatorias que afecten a plazas ocupadas por interinos en situación de "abuso de temporalidad" y piden un proceso de regularización interno. Convocan un paro de tres horas este jueves y una marcha reivindicativa. .

Europa rechaza que los contratos temporales en el sector público se conviertan en fijos de forma automática

El socio de Araúz Belda, con un total de 10.000 asuntos de estabilización de empleo temporal en administraciones, la Directiva.

El 53% de los puestos fijos (entre laborales y funcionarios) están cubiertos con contratos temporales. Hay trabajadores afectados llevan varias décadas en el ente, con una edad media de 50 años y creen que las oposiciones son un "ERE encubierto". Defienden la necesidad de un proceso excepcional, como el que los interinos de la Junta han llevado al Parlamento. .