La Junta convoca plazas en la especialidad de administradores generales en todas las provincias andaluzas. La Junta sacará una convocatoria pública si no se cubren los 3.000 empleos para vigilar las playas con la bolsa única. Andalucía reactiva las oposiciones.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que se esperaba salió en marzo pero no es concluyente. Remite a los tribunales españoles, pero advierte que la actual regulación resulta insuficiente para evitar y sancionar abusos de la temporalidad. La Asociación de Temporales insiste en un cambio legislativo y en que, a la espera del mismo, se suspendan los procesos selectivos.

Es la última tanda que quedaba por salir del plan de estabilización, por concurso-oposición libre. Aún no hay fecha ni para estos exámenes ni para los aplazados por el estado de alarma. El gobierno señala que trabaja en un calendario y en la planificación.

Los interinos de Sevilla se plantan: "Este ERE lo vamos a parar". La batalla de los interinos municipales: más de 100 demandas contra la temporalidad.

Abre la puerta a que los jueces conviertan sus contratos en "indefinidos no fijos" o concedan indemnizaciones por despido.

Cerca de 3.000 trabajadores interinos del sector publico de toda España se han unido en Madrid.

La plataforma de afectados del Ayuntamiento y la Diputación y la Coordinadora andaluza exigen que se paralicen las ofertas de empleo público para abrir una negociación. Han presentado un escrito ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, para que medie. También han vuelto a protestar durante el Pleno de la corporación provincial.

Los responsables de recursos humanos confían en que antes se conozca la sentencia del Tribunal de la UE sobre los interinos. El colectivo de temporales muestra su malestar e insiste en que el proceso se debe suspender para no perjudicar a terceros.

Los sindicatos que respaldan las movilizaciones del colectivo, que representa el 53% de la plantilla, salen reforzados en las elecciones sindicales de la corporación.

La Audiencia Nacional respalda el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos en 2017. Los empleados públicos andaluces se han movilizado para exigir sus derechos.