Uno de los problemas que deberán afrontar todas las administraciones en los próximos años es dar solución a la gran cantidad de personal interino, con contratos prorrogados en fraude de ley, que se ha agravado con las restricciones del Estado a la tasa de reposición.

Ha logrado visibilidad con la Iniciativa Legislativa Popular que, en septiembre, tomó en consideración el Parlamento andaluz, promovida por interinos de la Junta –donde hay 30.000– y que reclaman que se estabilicen sus plazas con un concurso de méritos, previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público siempre que se apruebe por ley.

La Diputación de Sevilla no escapa a la casuística. La tasa de temporalidad es del 53%. En personal laboral, de 663 efectivos, hay 320 no fijos. En cuanto a las 892 plazas de funcionarios, 504 están ocupadas por interinos. Son puestos estructurales.

Parte de los interinos de la Diputación se están organizando para reclamar que la estabilización de sus plazas se haga con un proceso excepcional o “más garantista”. Lo hacen con urgencia porque ya hay en marcha un plan de estabilización para 382 puestos por el sistema de concurso-oposición libre.

Según explican algunos afectados, en representación de 188 que han acudido al despacho de abogados madrileño Araúz y Belda (que lleva 10.000 casos similares en toda España), quieren evitar que unos trabajadores que llevan entre diez y treinta años puedan quedar en la calle, sin derecho a indemnización y con una media de edad de 50 años.

Aunque sus contratos se prorrogaran en fraude de ley, insisten en que entraron con un examen y no han podido optar a oposiciones antes, por “inactividad de la administración” y que no son cargos de confianza. La última oferta pública que logró ejecutarse en la Diputación es de 1992. Las posteriores, por recursos, se anularon en los tribunales.

En la misma línea, señalan que el plan de estabilización que se ha puesto en marcha con las pautas que marca el Estatuto Básico del Empleado Público y los Presupuestos del Estado de 2017, supone un “ERE encubierto”. Han pedido que se suspenda y van a recurrirlo en los tribunales.

El concurso-oposición libre implica que su experiencia puntuará en la fase de concurso, pero antes tendrán que aprobar un examen abierto, en el que competirán con jóvenes con más tiempo para estudiar, y que no será específico del trabajo desempeñan.

Entre los afectados, hay personal de todas las categorías, desde las oficinas, hasta las residencias de mayores o de los servicios de apoyo familiar. Como ocurre con los interinos de la Junta, piden algún tipo de proceso que les equipare con los funcionarios o laborales fijos, sin riesgo de que pierdan sus plazas.

La estabilidad es "compatible" con la oferta de plazas vacantes

Este grupo señala además que el concurso-oposición crea la sensación de cara a la sociedad de que se crea empleo, cuando son plazas ya ocupadas que, en todo caso, serán sustituidas por otros trabajadores. El proceso más garantista que reclaman es compatible, según insisten, con una oferta pública de empleo real, con las plazas que van quedando vacantes por jubilaciones, que son bastantes.

A través del citado despacho de abogados madrileño, ya han presentado varios escritos a la Diputación, solicitando que se suspenda la ejecución del plan. Por un lado, argumentan que se debería esperar a esa Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento, que también ha sido contestada desde colectivos de funcionarios y opositores. 

También recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se debe pronunciar, el 19 de octubre, sobre la cuestión prejudicial que han planteado dos jueces madrileños, precisamente por casos que lleva Araúz y Belda, sobre las contradicciones que hay entre la legislación española en materia de estabilización de empleo en las administraciones públicas y las de la UE.

La directiva comunitaria 1999/70 prohíbe el abuso de la temporalidad en puestos de trabajo estructurales de la administración y fija, como sanción a los países, que esos puestos deberán transformarse en fijos o se deberá indemnizar de forma proporcional a los trabajadores en esas circunstancias. Pero no se ha desarrollado en España.

A la espera de lo que se dictamine del tribunal, hay juicios por casos similares en toda España que han sido paralizados. El colectivo advierte que también podría vincular a la Diputación.

Entre los argumentos con los que la Corporación ha rechazado los escritos y peticiones del colectivo, se destaca que el plan de estabilización que hay en marcha ha sido negociado con la mayoría de los sindicatos y que el objetivo es, como marcaron los Presupuestos del Estado de 2017 y 2018, reducir la tasa de temporalidad al 8%. Con el 53% actual, “por motivos en su mayoría ajenos” a la Diputación, hay una “imperiosa necesidad” de que se lleve a cabo.

También se destaca que, al margen de lo que puedan dictar sentencias futuras o cambios legislativos, la Constitución dispone que el acceso al empleo público debe hacerse a través de los principios de igualdad, mérito y capacidad e imposibilita la transformación del contrato temporal o nombramiento interino en una relación laboral de fijeza o de funcionarios de carrera por otras vías.