Juan Clemente, secretario de Negociación Colectiva y Administración Local en CCOO de Sevilla, apunta que en la provincia, en la media del país, aproximadamente el 60% del personal que trabaja para la administraciones públicas lo hace con contratos en fraude de ley o que tenían un carácter temporal que se ha ido prorrogando. El porcentaje es menor en la administración estatal y autonómica y se dispara en la local, donde hay ayuntamientos en los que sólo policías locales -que deben ser por ley funcionarios- o el personal de Secretaría e Intervención -habilitados de carácter nacional- se salvan de esa situación.

Aunque se han podido acometer algunos procesos de regularización, sobre todo con los contratos previos al año 2005, las situaciones en fraude de ley han aumentado otra vez a partir de 2011, debido a que la tasa de reposición cero impidió que muchos ayuntamientos llevaran a cabo procesos selectivos incluso para sustituir bajas y jubilaciones, mientras sus temporales seguían acumulado años.

El Gobierno ha abierto la puerta a que haya consursos-oposición para consolidar plazas

Pero Clemente destaca que el acuerdo de estabilidad que los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han firmado a nivel nacional con el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abierto una nueva vía para regularizar estos casos, recogida además en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que entrarán en vigor en breve, una vez que culmine su trámite en el Senado. En concreto, posibilita que se puedan estudiar y negociar procesos de consolidación en cada ayuntamiento -como en otras administraciones- con más garantías y seguridad jurídica que hasta ahora, cuando muchas veces eran recurridos por la Subdelegación del Gobierno por no adaptarse a los restrictivos presupuestos de los últimos años.

Ahora se podrán estudiar y realizar procesos selectivos tipo concurso-oposión, en los que se garanticen la libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pero en los que la experiencia y el tiempo que se lleva en el servicio puntúen en la fase final, para consolidar el empleo.

Hasta ahora, los procesos de consolidación de empleo que se han llevado a cabo en ayuntamientos de Sevilla se han hecho con dos fórmulas. Los municipios se han acogido, por un lado, al Estatuto Básico del Empleado Público y a la disposición adicional cuarta del mismo, que ya posibilita que se hagan procesos selectivos para dar estabilidad a trabajadores con contrato anterior al año 2005. Es lo que se ha hecho, según Clemente, en Estepa, San Juan de Aznalfarache, Montellano, Alcalá del Río o Arahal.

Los sindicatos esperan que haya una avalancha de solicitudes para el proceso tras el verano

En otros casos, se ha basado en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual un trabajador que en un periodo de 30 meses ha trabajado en un puesto más de 24 tiene carácter de indefinido, aunque no fijo. Esto implica que no tiene los mismos derechos que un funcionario o personal laboral al uso. Por ejemplo, no tiene ningún derecho si su plaza sale en oferta pública y no puede optar a la promoción interna. Lo que han hecho también algunos ayuntamientos sevillanos es que, cuando han tenido sentencias que reconocen ese carácter de indefinido no fijo, han optado por evitarse nuevas demandas y costas judiciales y reconocer esa condición al resto de trabajadores afectados. Los que han conseguido el carácter indefinido por esta vía, sí podrían optar a su plaza definitivamente con el nuevo acuerdo recogido en los PGE y si su ayuntamiento saca las plazas.

Cuando se trate de puestos que, a la fecha de la firma del nuevo acuerdo -en marzo de 2017- estén cubiertos ya por un efectivo declarado como indefinido no fijo por sentencia judicial no computarán a los efectos de la tasa de reposición de funcionarios, como no lo harán cuando se trate de plazas presupuestadas antes del 1 de enero de 2015 ocupadas de forma interina o temporal.

El responsable de Administración Local de CCOO en Sevilla estima que, con esta posibilidad, se producirá una avalancha de solicitudes para iniciar estos procesos a partir de septiembre, en tanto que se trata -insiste- de un problema generalizado.

Al menos un año de trámites

Los sindicatos estiman que, una vez que un Ayuntamiento se decida a iniciar procesos de regularización de la plantilla con la nueva fórmula, los trámites no se resolverán antes de un año en cada caso. Deberá estudiarse y aprobarse una Oferta Pública de Empleo, en la que se reconozcan las plazas, que deben estar también entre las recogidas en el presupuesto municipal. Luego hay que convocar los procesos selectivos. Y todo ello con el visto bueno de la Delegación del Gobierno para evitar problemas posteriores. En cualquier caso, se cree que habrá muchos ayuntamientos que opten por ello, en tanto que parece que lo peor de la crisis ha pasado y, salvo excepciones, el pago de nóminas se va normalizando. Un acuerdo a nivel nacional de consolidación de empleo hace tres años hubiera sido "impensable", según CCOO.