La Diputación Provincial de Sevilla invertirá en 2010 un total de 300.000 euros en la colocación de barreras de protección para los motoristas en parte de su red provincial de carreteras, una iniciativa que se pone en marcha en virtud de un convenio con la Dirección General de Tráfico (DGT) para mejorar la seguridad vial y que podría tener continuidad en otros años.

Se trata de una de las cuestiones más novedosas del apartado de carreteras en el presupuesto de la Corporación y que acapara más de 9,5 millones de euros. La cifra es muy similar, aunque algo inferior, a la de 2009, ejercicio para el que se presupuestaron alrededor de 9,9 millones de euros. Sí que se incrementa en 200.000 euros -hasta un total de 3,7 millones- la partida destinada a mantenimiento y conservación.

Frente al año pasado, cuando entre las actuaciones se incluyeron algunas en carreteras ubicadas en el área metropolitana de Sevilla, los más de 15 proyectos seleccionados para 2010 tienen un mayor carácter rural. Los presupuestos más costosos los acaparan el ramal de la SE-6102 a Peñaflor, cuyo firme se mejorará en toda su longitud con un coste de más de 730.000 euros. Otros 535.000 euros irán a parar el tramo de la SE-5205 que conecta El Coronil con la A-360; mientras que la mejora del firme también en toda su longitud de la SE-6103 de La Campana a la A-IV acapara la tercera partida más alta, más de 455.000 euros.

Además y según la información recogida en el Plan Provincial de Inversiones, se incorporan 500.000 euros para un plan de travesías -cuyas actuaciones no se han concretado por el momento-, pero que según anunció en la presentación de las inversiones el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, se quiere ampliar en ejercicios posteriores.

La adecuación urbana y la mejora de la seguridad de estos tramos de carreteras provinciales que atraviesan las poblaciones y se convierten casi en una calle más es una de las cuestiones más demandadas por los ayuntamientos, destacó Villalobos.

Otros 12.000 euros del presupuesto se destinan a maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para la conservación, mientras que 30.000 euros se reservan para pequeñas expropiaciones e indemnizaciones que hay que abordar en algunos casos concretos.