El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado la convocatoria del Programa para la Prevención de la Exclusión Social con 15 millones de euros, cifra a la que se sumarán los 1,53 millones de euros procedentes de las aportaciones de los ayuntamientos, en función del número de habitantes. Es decir, la cuantía asciende a un total de 16.532.169 euros.

Este Programa, como ha expresado la diputada de Cohesión Social e Igualdad, Rocío Sutil, "contribuye a paliar las situaciones de exclusión social provocadas por el contexto social y económico de crisis persistente tras la pandemia, que viene padeciendo la ciudadanía en los municipios sevillanos y, cuya demanda por parte de la población pone de manifiesto la necesidad de aplicar dicho Programa". "Por esta razón y con el objetivo de minimizar el impacto negativo en las familias y colectivos vulnerables es necesario continuar con estas medidas durante el año en curso".

Con él se fomentan medidas que coadyuvan a la prevención de la exclusión social a través del empleo temporal, de corta duración, con una nueva dotación económica que permita a los destinatarios finales disponer de unos recursos mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema necesidad,  con la situación de peligro de exclusión social que ello supone.

Mediante la convocatoria, que se publicará tras la aprobación plenaria, se conceden subvenciones a los ayuntamientos en régimen de concurrencia no competitiva mediante el prorrateo y con los objetivos de facilitar los recursos a familias con grave problemática socioeconómica; dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas adaptadas a la actual situación económica; incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente a víctimas de violencia de género, a fin de contribuir a paliar el problema de desempleo de las mujeres; contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior, así como realizar pequeñas obras de interés social para el municipio.

Requisitos de las personas destinatarias

Son los trabajadores sociales de los ayuntamientos, tras la comprobación de las solicitudes, los que emiten con carácter preceptivo un informe social en el que hará constar el cumplimiento por las personas interesadas, de los requisitos socioeconómicos necesarios para acceder a las ayudas. Como primer requisito, la persona debe estar empadronada en el municipio cuyo ayuntamiento realiza la contratación a 1 de enero del año en que se realiza la convocatoria.

En segundo lugar, ha de acreditarse la situación de desempleo. Otro de los requisitos es pertenecer a una unidad familiar que se encuentre en unos determinados umbrales económicos dependiendo del número de miembros.

La duración del Programa se extenderá desde la aprobación de la Resolución de Concesión hasta el 31 de diciembre de 2024. En cuanto al presupuesto y financiación, el Programa cuenta con un total de 16.532.169 euros, de los que 15 millones de euros son aportados por la Diputación y 1.532.169 euros, por los ayuntamientos según el número de habitantes de su municipio: De 0 a 5.000 habitantes, los ayuntamientos no tienen que financiar, como tampoco lo harán los comprendidos entre 5.001 habitantes y 10.000.Entre 10.001 y 20.000 habitantes, las entidades locales aportan el 5%, lo que supone la cantidad de 176.145 euros.Los municipios con 20.001 y 50.000 habitantes, sus ayuntamientos lo harán con un 15%, 698.276 euros.Y con población superior a 50.000 habitantes, un 20% y 657.747 euros.