La asociación Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular en la causa abierta por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso de Aznalcóllar, ha reclamado a la juez que cite a declarar como imputados a otros tres miembros de la mesa de contratación que aseguraron en un escrito que una ex trabajadora de Invercaria avaló la solvencia económica del proyecto de Minorbis, la empresa ganadora, aunque esta asesora negó a la juez haber realizado ningún estudio de solvencia económica o de las cuenta anuales de grupo México.

En un escrito dirigido al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, los ecologistas señalan que en el escrito firmado por los seis miembros de la mesa de adjudicación se reflejan “muy fuertes contradicciones” con las declaraciones de la trabajadora de Invercaria Pilar Trujillano, por lo que esta acusación particular considera necesario que se tome declaración como imputados “a todos los miembros firmantes de ese escrito, con objeto de que declaren sobre el contenido de ese escrito, así como de toda su participación como miembros de la mesa”.

Dado que tres miembros de la mesa ya han sido imputados por la juez –la ex directora de minas, una abogada de la Junta y un funcionario de la Consejería de Hacienda-, los ecologistas solicitan que sean imputados los otros integrantes: el jefe de departamento de Ordenación Minera, Juan Manuel Revilla, el secretario general de la delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Salvador Camacho, y el jefe del servicio de minas Iván Maldonado.

El representante de Ecologistas en Acción Isidoro Albarreal ha explicado a los periodistas que varios de los funcionarios citados ya estaban en sus puestos cuando se produjo el desastre ecológico del vertido de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998, y criticó que, a su juicio, aún no se haya clarificado el objeto del nuevo concurso para la apertura de la mina, en la que aparecen varias empresas en la oferta y en aceptación de la concesión, algo que le recuerda “al mismo entramado de Boliden y Apirsa”. A su juicio, en relación con la nueva adjudicación hay un “intento de manipulación de la necesidad de puestos de trabajo que hay en la comarca de Aznalcóllar”, porque la tramitación administrativa se prolongará durante dos o tres años como mínimo y hasta entonces no se crearán esos empleos.