La Fiscalía pide otros tres años de cárcel para el ex alcalde de IU José Luis Vega

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de entre tres y cinco años de prisión para el ex alcalde de La Algaba José Luis Vega (IU), al que atribuye delitos de prevaricación y fraude, o alternativamente de malversación de caudales públicos, en relación con la compra de un minibús por el que se habría pagado un valor "cercano al doble del precio de adquisición".

El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado ahora el auto de apertura de juicio oral por esta nueva causa contra José Luis Vega, que ya ha sido condenado en dos ocasiones anteriores a dos años y medio de cárcel por un delito de cohecho y a otros siete años de inhabilitación por prevaricación.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía sostiene que el 2 de noviembre de 2006 el entonces alcalde algabeño negoció y firmó un contrato con la empresa B.B. Publicidad Rodante -de la que están acusados dos representantes que se enfrentan a la misma pena-, por el que esta sociedad cedía un minibús de 17 plazas por cinco años al Ayuntamiento de La Algaba, a cambio de cederle el derecho a usar la superficie del vehículo con fines publicitarios.

Según la Fiscalía se trataba de un contrato "simulado", con el que se pretendía "ocultar la cesión onerosa por parte de la empresa al Ayuntamiento de dicho vehículo, pagando el Ayuntamiento por él una cantidad cercana al doble de su valor de adquisición real, a costa de las arcas municipales".

El Ministerio Público recuerda que la legislación administrativa "prohíbe taxativamente a un órgano político, como es el alcalde, adjudicar sin procedimiento este tipo de contratos, sin licitación y sin justificación de la necesidad del servicio o adquisición del bien, pese a lo cual el alcalde y el administrador único de la empresa acusados negociaron y firmaron dicho contrato, a sabiendas de su injusticia".

El interventor municipal realizó un informe de reparo advirtiendo de la "ilegalidad del gasto", por no haberse tramitado procedimiento de contratación alguno, pese a lo cual se pagaron las facturas.

La Fiscalía reclama a los tres acusados el pago de una indemnización al Ayuntamiento de 37.701,21 euros o de 70.001,21 euros, en función de sí se ejerció por el Ayuntamiento o no la opción de compra del vehículo.