La Junta defiende la legalidad de la sociedad que Magtel y el Grupo México crearon para la mina

La Junta de Andalucía atenderá "a la mayor brevedad" la nueva solicitud que se le ha hecho del juzgado de instrucción 3 de Sevilla de más información sobre el concurso de la mina de Aznalcóllar y las "dudas" planteadas por la juez sobre la empresa adjudicataria y la forma en la que se constituyó la sociedad que, finalmente, aceptó la adjudicación: Minera Los Frailes, una denominación que Minorbis-Grupo México adoptó el 5 de mayo, sólo días antes de la aceptación definitiva de la explotación del concurso, que se resolvió meses antes, en febrero.

No obstante, en un comunicado, la Administración andaluza defiende que la creación de una sociedad específica para la ejecución de un concurso público adjudicado a una oferta a la que se han comprometido varias empresas "es un mecanismo habitual en operaciones en las que se establecen relaciones de larga duración con la Administración" y el propio Grupo México ha venido defendiendo, preguntado al respecto, que se ajustó a la legalidad en todo momento.

La titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, dictó el martes un auto en el que ordenaba nuevas diligencias ante las "dudas" que tiene sobre la empresa, con la que Magtel y el Grupo México han denominado a la sociedad que se encargará, en su caso, de explotar Aznalcóllar, que fue adquirida en mayo por AMC Mining Iberia, sociedad también del Grupo México.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas asegura además que la documentación correspondiente a la aceptación de la adjudicación fue remitida motu proprio por la Administración andaluza al juzgado "hace ya varias semanas", de forma que la Junta "ha colaborado, colabora y seguirá colaborando al máximo con la Justicia para el completo esclarecimiento de los hechos".

Según las mismas fuentes, las bases del concurso internacional de Aznalcóllar preveían que pudiesen participar en el mismo sociedades vinculadas mediante acuerdos que asegurasen los compromisos de inversión y los plazos de ejecución.

Es por ello, según la Junta, que la oferta de la empresa adjudicataria proponía la creación de una sociedad de propósito específico para desarrollar el proyecto en caso de resultar ser la ganadora, cosa que así ha realizado. La Junta sostiene que esta forma de participación "es normal" en los concursos mineros y se practica por todas las administraciones, y ha puesto como ejemplo que el reciente concurso convocado en 2015 por la SEPI, a través de la sociedad Cofivacasa, para la explotación de los derechos mineros en Cala (Huelva), recoge en su pliego el mismo procedimiento seguido en Aznalcóllar.