La juez que investiga la adjudicación de la mina cita a la empleada que asesoró a la mesa de contratación

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga la denuncia de la empresa Emerita Resources España S.L.U. por delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la concesión para reabrir la mina de Aznalcóllar, ha citado a declarar el próximo 14 de julio como testigo a la trabajadora de Invercaria que supuestamente auxilió a la mesa de contratación en la validación de la acreditación de la solvencia económica y financiera de las empresas.

En un auto dictado el pasado martes, la instructora ha decidido citar a declarar como testigo a Pilar Trujillano para aclarar las "contradicciones" detectadas entre las declaraciones de los técnicos denunciados y las manifestaciones realizadas por esta empleada de Invercaria que asesoró a la mesa de contratación.

En el curso de la investigación se ha puesto de manifiesto que para auxiliar a la mesa de contratación examinar las pruebas aportadas por el licitador, la directora general de Industria, María José Asensio, solicitó a la empresa Invercaria que designara un empleado público para que prestara asesoramiento en la "validación de la acreditación de la solvencia económica y financiera de las empresas", advirtiendo de que la complejidad derivaba de que en las tres propuestas había empresas extranjeras.

Tras estudiar Pilar Trujillano la documentación financiera facilitada por el Grupo México, "confirma a la mesa que dicha documentación acredita suficientemente la solvencia de la empresa extranjera”. Pero a la vista de la "poca claridad de dicho memorándum de entendimiento para acreditar la solvencia económica y técnica de la licitadora", la mesa del concurso requirió a Minorbis para que acreditara documentalmente que “en caso de resultar adjudicataria del concurso, la entidad grupo México se comprometía a aportarle la solvencia económica-financiera y técnica exigida".