El PP de Sevilla advirtió ayer que los centros de atención social que asisten a las personas mayores y a los discapacitados en la provincia que funcionan bajo concierto con la Junta de Andalucía sufren el riesgo de la "paralización" en la asistencia, debido a una situación asfixiante provocada por la deuda de más de 20 millones de euros que arrastra la Administración andaluza con las sociedades y empresas que gestionan estas instalaciones.

La parlamentaria del PP por Sevilla Patricia del Pozo y la diputada provincial María del Carmen Rodríguez Hornillo explicaron ayer, en rueda de prensa, la "grave" situación que atraviesan las organizaciones y colectivos que gestionan los centros con los que la Junta de Andalucía tiene concertados los servicios de atención social. "La Junta tiene en manos privadas, mediante concierto, prácticamente todos sus servicios de atención social y adeuda en el conjunto de Andalucía 150 millones de euros a los colectivos que gestionan estos centros", explicaron antes de concretar que la deuda ronda los 20 millones de euros por lo que a los centros sevillanos se refiere. "Si la Junta no paga, el servicio se paraliza", avisaron ayer las dirigentes populares.

En ese sentido, recordaron que entre 2008 y 2011, Andalucía ha perdido 681 millones de euros en materia de políticas sociales entre los "recortes" presupuestarios en esta materia y "lo que se ha dejado de ejecutar" pese a estar presupuestado. "Esto también lo impone Rajoy", ironizaron.

"Muchas residencias están al borde del cierre", lamentaron para concretar después que, por lo que la provincia de Sevilla se refiere, la Junta adeuda 70.000 euros a la sociedad Siglo XXI o 500.000 euros a la Asociación Sevillana de Unidades de Estancia Diurna.

Las responsables populares también apuntaron a la deuda pendiente con Feaps-Andalucía. Precisamente trabajadores de uno de los centros de esta organización ya han protagonizado un encierro para protestar por estos impagos, que se traducen en nóminas pendientes para la plantilla y deficiencias a la hora de prestar el servicio por la falta de recursos.

Desde hace años la política en materia de Bienestar Social ha pasado por concertar servicios y centros repartidos por toda la provincia en lugar de crear instalaciones públicas propias.