El fiscal y el PSOE mantienen la petición de 18 meses para los acusados por el soborno de Camas

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PSOE ha mantenido este viernes la petición de 18 meses de cárcel y multa de 24.000 euros para el ex alcalde de Camas Agustín Pavón, los ex ediles Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, así como para el supuesto intermediario en el presunto soborno Eusebio Gaviño, que fue sorprendido entregando un sobre con 12.000 euros a la concejal Carmen Lobo como una parte del supuesto pago para que cambiara su voto en determinados Plenos municipales.

Una vez practicadas todas las pruebas en este juicio con jurado, el fiscal Arcadio Martínez ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha atribuido a los cuatro acusado un delito de cohecho, por el que ha solicitado una condena de 18 meses de prisión y la imposición de una multa de 24.000 euros a cada uno de los procesados.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa a la acusación popular del PSOE, también ha elevado sus conclusiones provisionales, en las que solicitaba la misma condena que el fiscal.

Las defensas, por su parte, han solicitado un veredicto de inocencia y una sentencia absolutoria, al considerar que no han cometido ningún delito. Las defensas de Agustín Pavón, José del Castillo y Eusebio Gaviño han presentado no obstante nuevos escritos de conclusiones provisionales en el que mantienen la absolución.

El fiscal considera que el juicio ha dejado “absolutamente claro” el intento de compra de la concejal

El fiscal Arcadio Martínez ha asegurado este viernes en su informe de conclusiones que el juicio por el presunto cohecho en Camas ha dejado “absolutamente claro” el intento de compra de la voluntad de la concejal Carmen Lobo por parte de los cuatro acusados, para los que ha pedido una condena de 18 meses de cárcel y el pago de una multa de 24.000 euros, el doble de la cantidad que el empresario Eusebio Gaviño entregó a la edil la víspera de un Pleno.

El representante del Ministerio Público ha negado que los hechos fuesen “provocados” por los denunciantes, la ex concejal Carmen Lobo y el ex militante de IU Francisco Gordo y ha defendido las grabaciones que realizaron de las reuniones en las que se gestó el presunto cohecho no están manipuladas.

En su alegato final, el fiscal ha dicho que por las circunstancias políticas por las que atravesaba el Ayuntamiento de Camas en 2005, con un gobierno en minoría, y funcionando “a trancas y barrancas”, en el que lo que fuera de mero trámite “difícilmente salía adelante”, los políticos acusados necesitaban “otro voto más”. Y para lograrlo, el alcalde, Agustín Pavón, y los ediles Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, “de común acuerdo”, considera el fiscal, contactaron con el empresario Eusebio Gaviño y éste a su vez, contactó con Francisco Gordo, porque “sabían que era compañero sentimental y había sido mentor de Carmen Lobo”, con la idea de conseguir ese voto.

La culminación de esos contactos y las reuniones que Gordo mantuvo con los procesados llegó la noche del 12 de septiembre de 2005, cuando la concejal recibe de Eusebio Gaviño 12.000 euros “en pago de ese cambio de voto”.

Para acreditar la existencia del delito de cohecho, el fiscal ha destacado la “contundente” declaración en el juicio de Francisco Gordo, que reconoció que los políticos acusados estaban allí “para comprar el voto” de la concejal, y las declaraciones de Carmen Lobo, quien para el fiscal “no pudo ser más convincente” sobre las intenciones de los acusados de comprar su voluntad no para una sola ocasión, sino para “una serie” de Plenos, ha aseverado el fiscal, que ha añadido que el presunto intermediario le ofreció a la edil “el oro y el moro, todo” y acabó entregándole el “regalo” de los 12.000 euros, como una parte del soborno.

El fiscal ha subrayado que Gaviño le entregó “curiosamente” en esa reunión una nota manuscrita por el edil Antonio Enrique Fraile con los puntos del Pleno en los que “en principio tenía que votar a favor”. Esa nota, según la acusación pública, fue entregada por el edil Fraile a Gaviño.

El Ministerio Fiscal también ha señalado que la Policía ha corroborado que observó la presencia de los ediles Fraile y Del Castillo merodeando cerca de La Taberna Medieval la noche en la que se produjo la entrega del sobre con dinero, y ha sostenido que los concejales “estaban allí esperando el resultado de la reunión entre Lobo y Gordo”.

El fiscal ha reconocido que Gordo está condenado por un delito de falsedad, pero ha argumentado que “los condenados también dicen la verdad, el hecho de haber sido condenado no quiere decir que no diga la verdad nunca”, ha señalado, al igual que ha admitido como una tacha la “gran animadversión” que éste tenía hacia Agustín Pavón, pero eso no obstaculiza a juicio del fiscal la realidad de los hechos.

Por último, ha negado que el motivo de los contactos entre Gordo y los acusados fuese la entrega de la sentencia que supuestamente absolvía a Carmen Lobo, porque además esa resolución no había sido dictada y además “ninguno de los allí reunidos” pidió que se sacara la sentencia ni dijo que se marchaba a pesar de que no se había mostrado esa resolución.

De otro lado, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que ejerce la acusación popular por el PSOE, ha mantenido igualmente en su informe que los acusados se “concertaron” y realizaron unas conductas con entidad suficiente para “comprar la voluntad de la concejal”, para lo cual pretendían aprovechar la influencia de Francisco Gordo. “Resulta claro e indiscutible que el acuerdo para comprar la voluntad existió”, ha añadido.