El alcalde de Estepa afirma que avisó del estallido social y no se tomaron medidas

El gobierno local de Estepa, que preside el andalucista Miguel Fernández Baena, ya advirtió durante los días que siguieron a los altercados del 8 de julio, en los que un grupo de vecinos asaltó y quemó varias casas después de una protesta contra la oleada de robos, que era incierto que no se hubiera advertido a la Subdelegación del Gobierno de que el malestar vecinal fuera tan intenso como para derivar en estallido social. No sentó bien que desde la Delegación se dejara caer que no todos los robos de los que se hablaba se habían denunciado y que incluso el índice de criminalidad de Estepa está por debajo de la media de la provincia.

Pero, según el entorno del alcalde, se prefirió esperar, no "echar más madera en pleno incendio que dañara la imagen de Estepa". Calmadas las cosas en la calle, el regidor -al que muchos responsabilizan de no haber tratado el asunto con la gravedad que requería y al que se ha llegado a pedir la dimisión- emitió ayer un comunicado con el que recordó las gestiones que, antes de que el asunto fuera portada de los periódicos, se intentaron hacer para evitarlo.

La Policía Local llevaba tramitadas desde octubre 44 denuncias por robo ante la Guardia Civil y ante el Juzgado de Estepa. Ese mes hubo ya una junta municipal de seguridad (en la que participan Policía Local, autonómica, Guardia Civil y Subdelegación del Gobierno) "monográfica" sobre la barriada de Los Poetas, donde residían las personas a las que se vincula con los robos, en la que se trataron temas como la ocupación de viviendas -algunas de la Junta, otras de los bancos-, los robos, las amenazas, los daños a vehículos y la venta de drogas.

Se llegó, dice el alcalde, a pedir "socorro" a la Subdelegación del Gobierno, a la que se desplazó con algunos vecinos afectados por los robos, cuyos nombres no se han querido dar "por motivos de seguridad", para explicar de primera mano la situación que se vivía. Fue después de un incidente en el que hubo ya disparos de por medio. Desde la Subdelegación se rehusó reunirse con ellos, porque consideraron que no era el cauce oportuno, según trasladaron ayer fuentes municipales. Justo el día antes de los altercados, el 7 de julio, hubo otra junta de seguridad. Ya se conocía que había convocada por redes sociales una protesta para el sábado, sin notificación oficial a las autoridades. En el comunicado que se emitió entonces en el que se pedía calma, se hablaba de "clamor popular" por los robos.

"No existen estepeños racistas, como algunos medios tratan de demostrar, simplemente hay un problema de inseguridad que los cuerpos de Seguridad del Estado y los responsables de la Administración de Justicia están siendo incapaces de solventar", sentenció ayer el Consistorio.

El Ayuntamiento también recuerda los datos que han trascendido de la Asociación Unificada de Guardias Civiles -una patrulla para cuatro municipios, cinco guardias en activo en la práctica, hasta ahora- y está convencido de que no es responsable, o no el único responsable, de lo ocurrido. Ha llegado hasta donde puede llegar, insiste. En el comunicado que Fernández Baena leyó y remitió a la prensa, se recuerda además que el Ayuntamiento ha llegado a desalojar a los que ocuparon de forma ilegal las casas de los maestros, en la calle Carlos Llamas y la plaza Dolores Flores, y de la casa del conserje de los antiguos colegios de Carranza, que se derribó.

Pero las viviendas que ocupaban el conocido como clan de los Chorizos son de la Junta. El Consistorio lo advirtió también "en repetidas ocasiones" a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que se dirigieron directamente los vecinos que le acompañaron a otra reunión. La Junta se comprometió a hacer una "inspección". Igualmente, se instó a las entidades bancarias a las que pertenecen otras casas a presentar denuncias, que llegaron tarde.

Fuentes municipales explicaron que, tras lo ocurrido, el Consistorio ha enviado cartas -ayer salieron de Estepa- al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio y la Consejería de Justicia en las que se piden reuniones para "exigir un refuerzo en los juzgados de Estepa". Porque -ese también es el problema- hay un "alto número de causas judiciales pendientes" que, según consideran, si se hubieran resuelto en un tiempo "prudencial" hubiera "evitado la sensación de impunidad de la que muchos vecinos han advertido". Algunos de los responsables de los robos acumulan decenas de casos pendientes. Dos de ellos fueron detenidos por uno cometido el día de la protesta y entonces se les envió a prisión preventiva.

El alcalde ya ha celebrado una reunión de la junta de portavoces en el Ayuntamiento -el PSOE se quejó de no tener ninguna información oficial ni de haber hablado con el alcalde más una semana después de los incidentes- y ha pedido reunirse con el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, que abrió una queja de oficio, para darle todos los detalles y mostrar su voluntad de colaborar. Aunque sigue insistiendo en que lo ocurrido en Estepa no es un brote de xenofobia.

Dispositivo policial

Mientras tanto, la Delegación del Gobierno mantiene un importante dispositivo desplegado en Estepa, de unos 20 agentes. Ayer mismo, antes del comunicado del Consistorio, la delegada, Carmen Crespo, aseguraba que están "intentando normalizar la situación para que no sucedan más los hechos que han ocurrido hasta el momento, calmar los ánimos y garantizando a las personas de Estepa que vamos a hacer un seguimiento especial de los robos en la ciudad". El "plan de la Guardia Civil con refuerzo especial" continuará, dijo, "hasta que todo se materialice de forma correcta".

Pero, además de sus funciones habituales, responsables de la Policía Local y la Guardia Civil iniciaron también el jueves los "contactos" que se anunciaron con la sociedad civil estepeña tras lo ocurrido. Hubo representantes de hermandades, asociaciones de padres de alumnos, comerciantes, industriales y agricultores y hasta algunos de los vecinos que han sido activos en las redes sociales estos días, a los que se les trasladó cómo actuar en caso de robo y que todos deben colaborar por rebajar la tensión. De momento, no hay previstas nuevas concentraciones y la calma es el mensaje predominante en todos los foros.