El alcalde no tomó medidas ante las sospechas de anomalías en ACM

La Policía Judicial da por hecho que el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), conoce desde hace más de dos años las supuestas irregularidades contables que el gerente de la extinta empresa Alcalá Comunicación Municipal (ACM), Javier Luque, habría reconocido en una conversación con responsables del PSOE alcalareño, en diciembre de 2011, la que se habría grabado y dio origen a la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá.

Así se recoge en el último informe que consta en el Juzgado, de marzo, que se ha realizado a instancias de la Fiscalía y en el que da por bueno el testimonio de esas cuatro personas que "acuerdan dentro de sus competencias políticas y sin dilación temporal", poner los hechos en conocimiento del alcalde y del entonces presidente del PSOE local, Bernabé López, con "la intención de, por un lado, afrontar el problema laboral de los trabajadores de la sociedad pública", dice, y "aclarar esas irregularidades en la gestión contable de ACM".

La Policía Judicial apunta que, pasado este tiempo, "personas (como sería el caso del señor Gutiérrez Limones) que podrían haberse beneficiado" de esas supuestas irregularidades podrían haber tenido "sobrado margen temporal para reconducir la situación y hacer desaparecer evidencias que los pudieran comprometer", como servicios que se facturaron de forma irregular a ACM. Tanto el contable al que supuestamente se grabó -que luego no ha reconocido las afirmaciones que se le atribuyen, en las que hablaba también de su incertidumbre laboral- como el gerente de ACM, José Luis Díaz, del que se dice que "podría ser uno de los autores intelectuales", siguen trabajando en Innovar, la sociedad municipal que ha asumido competencias y trabajadores de ACM, tras su disolución. Precisamente ahora, el PA ha anunciado la convocatoria de una junta de accionistas de Innovar, en la que el PSOE ya no tiene mayoría absoluta, para aumentar las medidas de control.

El alcalde socialista, sin embargo, nunca ha reconocido esas supuestas irregularidades y atribuye las denuncias a una "campaña de acoso" por parte de la oposición y de la que fuera su portavoz, Laura Ballesteros, que sigue como edil no adscrita en el Pleno y que ha apuntado a estas irregularidades como causa de su ruptura y el distanciamiento de otros miembros del PSOE local. Ayer, consultadas por este diario, fuentes del gobierno socialista reiteraron lo que el alcalde dijo en el Pleno en el que Ballesteros ya le acusó de saber qué ocurría y no actuar y negaron que Limones tuviera conocimiento de nada, porque no formaba parte de la sociedad, e insistieron en que, pese a estas conclusiones del informe de la Policía Judicial, que se estaría filtrando interesadamente, hay otra documentación en el juzgado que echaría por tierra muchas de sus conclusiones.

El informe de la Policía apunta también a la necesidad de registrar determinados domicilios y tomar testimonio a nueve personas, entre ellas el alcalde, senador y aforado. La Fiscalía de Dos Hermanas ya envió el caso el Tribunal Supremo, aunque el Alto Tribunal lo devolvió porque era el juzgado, después de nuevas diligencias, el que debía realizar ese trámite, sin entrar a valorar los hechos. El PSOE consideró que se respaldaba su teoría de que no existen irregularidades.

El informe de la Guardia Civil que apunta a que Limones conoce los hechos y no ha tomado medidas, es el mismo en el que se adjuntan unas facturas de El Corte Inglés que se cargaron a ACM, de un viaje privado del edil con su familia a Madrid, con visita a dos parques temáticos, por más de 900 euros, aunque el secretario del PSOE de Alcalá de Guadaíra, Rafael Chacón, asegura que en el juzgado consta el certificado del secretario de la Comisión Liquidadora de ACM, que demostraría que la factura no fue abonada por la sociedad.