Los bomberos de la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe han cumplido ocho meses en huelga de celo, en los se están ciñendo a cumplir horas y turnos a los que están obligados, sin realizar trabajos de refuerzo con los que se cubrían las necesidades del sistema, con notable incremento de costes. Se trata de una movilización inusualmente larga y las posturas siguen distanciadas. Para el próximo miércoles 30 hay prevista una nueva reunión, en la que los bomberos intentarán que el ente acepte lo que definen como una "contraoferta" para volver al trabajo habitual. La dirección asegura que son reclamaciones nuevas, que no estaban sobre la mesa cuando saltó el conflicto, que afectan a competencias que son de los alcaldes y con las que parece que se quiere "enrocar" la solución posible. Mientras tanto, la ciudadanía no acaba de entender qué pasa para que la huelga de celo dure tanto y empieza a estar preocupada por las consecuencias para la atención de las emergencias, que se multiplican con el frío. Ante cualquier hecho grave, habrá polémica. Éstas son algunas claves de los problemas de los bomberos en el Aljarafe y de este conflicto.

El origen del modelo. El actual sistema mancomunado (municipios de más de 20.000 vecinos, obligados a tener parque propio, aportan el grueso del presupuesto y el resto lo pone la Diputación para cubrir a los pueblos menores, que son de su competencia) se impulsó en el año 2000, tras un grave incendio en Tomares al que los bomberos de la Diputación tardaron 20 minutos en llegar desde el parque central, situado entonces en la carretera de Utrera. La referencia del Aljarafe era el parque de Mairena, pero no funcionaba las 24 horas pese a que la comarca crecía exponencialmente. A final de los 90, tenía 225.000 vecinos y en 2007 eran 350.000, más los parques empresariales y el tráfico.

Número de efectivos. Ya en 2001, se dijo que el parque tendría 66 efectivos, que los bomberos creían insuficientes para 31 pueblos y pedían 70. Pero arrancó con 28. Ahora hay 43, de ellos, diez son cabos y cuatro, operadores de transmisiones. El Aljarafe sólo llega a los 60 profesionales con los bomberos de la Diputación -el parque central se trasladó a Sanlúcar-, pero deben cubrir a toda la provincia. En 2014, la mancomunidad asumió además el nuevo parque situado en Santiponce para reducir el tiempo de respuesta en accidentes en la A-66, cerrado con frecuencia por la huelga.

Primera movilización. En 2007, los bomberos ya protagonizaron una larga protesta. Dos meses estuvieron colgados, rotándose, de un puente en San Juan para reclamar que la plantilla se ampliara con 40 efectivos más (hasta 68), se restableciera la operadora de transmisiones y una equiparación salarial con la Diputación. Como ahora (es una de las claves de que el conflicto no se resuelva) lo que plantearon y plantean de fondo es que la Diputación asuma el servicio, porque defienden que es la que tiene capacidad económica y de gestión. Pero la ley deja claro que los bomberos son competencia directa de los ayuntamientos de más de 20.000 vecinos y la Diputación, en el resto. La protesta se cerró con un aumento salarial y el compromiso de incorporar 18 bomberos en 2007 y 12 en 2008 y la apertura del parque en Santiponce. Pero lo público es lento, llegaron la crisis y los límites para reponer funcionarios y se tuvo que hacer un plan económico-financiero. Las previsión no se cumplió.

¿Qué reclaman ahora? Los Bomberos anunciaron la huelga denunciando "falta de personal, vehículos y materiales", el incumplimiento del acuerdo de funcionarios, impagos de refuerzos y retenes de años previos, la ausencia de un cuadrante anual oficial obligatorio y de diálogo con el presidente y exigiendo que se recuperara el servicio de transmisiones en todos los turnos, ahora hay uno que depende del de la Diputación.

El gesto del presidente. El presidente de la Mancomunidad es Raúl Castilla, alcalde de Sanlúcar la Mayor, que no llega a 20.000 vecinos y no es de los que aportan financiación directamente. Antes de negociar, tuvo que poner de acuerdo a los seis alcaldes con más de 20.000 habitantes (ahora son San Juan, Camas, Mairena, Tomares, Bormujos y Coria), de distinto signo político, y a la Diputación. En septiembre, seis meses después, cerró una propuesta. Ya se habían pagado atrasos, se culminó el proceso de funcionarización, se creó una mesa para analizar la situación del servicio y hubo un compromiso de aumentar la plantilla en 22 efectivos en tres años, con la creación de un puesto de jefe para el parque de Santiponce y de un jefe del servicio. En junio, ya se había ofrecido elaborar ese cuadrante oficial, reconociendo cuestiones como las horas del solape, aunque antes se pidió el cese de la huelga y no se logró. Lo único que se descartó, de entrada, es ampliar el servicio propio de transmisiones. Se considera que está cubierto con la Diputación. Pese al gesto, los bomberos siguieron con su huelga, reclamando que ese aumento de personal, pendiente desde 2007, se hiciera "ya", insistiendo en el servicio de transmisiones y en que la Diputación debe asumir el servicio. En estos meses, se han enfrentado con los alcaldes. Y todo ello, en el contexto de la puesta en marcha del nuevo Consorcio Provincial de Bomberos y el nuevo plan director del Servicio de Bomberos que redacta la Diputación. El personal sabe que su pulso se juega ahora.

¿Politización? El colectivo ha ido a una. Pero hay alcaldes que ven un afán de protagonismo en el actual portavoz de la junta de personal, David Rico, de CSIF y militante de C's. Fue en las listas en las elecciones municipales por Alcalá de Guadaíra. En su perfil de Twitter aparecía hasta hace poco con el logo naranja. Pero Rico dice que es una excusa, que nunca ha hecho ostentación de ello y que sólo es un portavoz. La Mancomunidad le ha reprochado también que dijera públicamente que fueron recibidos a "tomatazos" por llegar tarde a un incendio en San Juan, este verano, porque hubo dos emergencias a la vez. Se abrió un expediente informativo que ha concluido que los hechos no se produjeron de esa forma. Se le exige que pida disculpas por la imagen que trasladó de los vecinos.

La "contraoferta". Las conversaciones estaban rotas. Pero tras admitir que la oferta de empleo no se tramita tan rápido, la plantilla exige ahora que se fije un mínimo de personal por parque y turno: que en 2017 haya 5 turnos con 4 bomberos, 2 cabos y un operador para Mairena, que se sumen otro cabo y 2 bomberos en 2018; y un bombero más en 2019. En Santiponce, se deben garantizar 3 bomberos y un cabo por turno. También reclaman que el actual jefe de parque de Mairena asuma la jefatura de Santiponce y de todo el servicio, nuevas plazas incluidas en la oferta del ente, en tanto que se sacan a promoción interna. También, piden que estos mínimos se garanticen en el convenio de integración en el Consorcio. El presidente insiste que son peticiones nuevas, que se seguiría dependiendo de horas de refuerzo para garantizar los mínimos o se trata de competencias de los ayuntamientos, dentro de su autonomía local. El ente pretende crear también una bolsa, para que el trabajo adicional se "reparta".

Riesgo en la comarca. Es un hecho que la huelga de celo hace que el Aljarafe tenga a menos profesionales disponibles y eso agrava carencias estructurales. Teóricamente, debe haber 5 bomberos por turno en Mairena y 4 en Santiponce. Pero aún cuando se hacían refuerzos, rara vez se cumplían. Un informe del jefe del parque de Mairena, confirmó en mayo que con los recursos actuales "no se pueden desempeñar las responsabilidades exigidas", hace falta más personal para Mairena y recursos propios para Santiponce. También se necesita un parque de "forma prioritaria" para la zona de Coria (donde el que había era de voluntarios), La Puebla e Isla Mayor. Con esta larga huelga de celo, son pocos bomberos disponibles para llegar rápido si, por ejemplo, se producen dos emergencias a la vez o hay un siniestro de grandes dimensiones, aunque el sistema provincial funciona en red y hay otros parques con salidas previstas para esos casos. El colectivo está presionando con ese riesgo cierto. El presidente ya ha emitido una resolución que obliga al personal a acumular horas en diciembre que, supuestamente, han hecho de menos. El colectivo estudia denunciar. La comarca espera.