Los propietarios de las 100 hectáreas de terreno del Pago de Enmedio que no llegaron a acuerdos con el Ayuntamiento de La Rinconada y fueron expropiados recurrirán ante el Tribunal Supremo la reciente sentencia del TSJA que les ha dado parcialmente la razón en sus reivindicaciones, al elevar de 6 a 18,03 euros por metro cuadrado el precio que deben recibir por estos suelos. Esa cantidad ya supondría para el Consistorio, promotor de esta área de oportunidad junto a la propia Junta de Andalucía, un desembolso de más de 15 millones, aunque los afectados creen que esos 18 euros deben aumentar. Se basan para ello en uno de los informes periciales que no han sido tenidos en cuenta por el TSJA y apuntan a un precio de 45 euros por metro cuadrado.

Así lo adelantó ayer Antonio Pérez-Marín Bermúdez, del bufete de abogados Pérez-Marín, quien ya ha recibido la orden de elevar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de sus clientes y a pesar de que les ha llamado el Consistorio para negociar, algo que tampoco descartan. Aunque el fallo del tribunal andaluz no recoge todas las expectativas económicas de los expropiados -los 18,03 euros que se reconocen son los mismos que le ofreció el Ayuntamiento antes de recurrir a la expropiación y lo que cobraron los dueños de las 35 hectáreas restantes de la zona que sí llegaron a un acuerdo-, el letrado valoró positivamente la sentencia, sobre todo porque reconoce los intereses, que suponen un buen pico económico que se sumará al dinero por el precio de suelo. El TSJA ha fijado incluso el día en el que los intereses empiezan a contar, el 29 de julio de 2005, cuando se inicia el proceso de expropiación. A día de hoy, esos intereses suponen para los afectados un 30% más sobre el precio del suelo.

Desde el Ayuntamiento de La Rinconada, que no va a recurrir la sentencia, se ha defendido que ésta era "previsible" y entiende que le da la razón en tanto que recoge el primer precio que ofreció a todos los propietarios, pero que sólo aceptó un grupo. Para otras consideraciones, como la forma en que afrontará en su caso los pagos dadas las circunstancias económicas de las corporaciones locales, emplazó a una comparecencia pública que el alcalde tiene prevista hoy.

El fallo fue hecho público la semana pasada por la edil del PP Virginia Pérez y la portavoz parlamentaria del PP en materia de Vivienda, Alicia Martínez, quienes aprovecharon para censurar la política de vivienda del Consistorio y la Junta y la gestión de áreas de oportunidad como esta del Pago de Enmedio, rebautizada como La Unión, con 4.500 viviendas previstas, el 73% de VPO que, hasta ahora, no se han materializado.