El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el presidente de la CHG, Manuel Romero, inauguraron este martes junto al alcalde de La Rinconada, Javier Fernández de los Ríos, las obras de defensa contra inundaciones del arroyo Almonázar, en San José, una actuación iniciada en 2007 que sufrió un importante parón durante el traspaso de las competencias a la Junta y que ha contado con una inversión de casi 20 millones de euros, la más importante en la historia del municipio. El objetivo principal era "garantizar la seguridad de los 26.000 vecinos frente a inundaciones", aunque se ha trasformado el núcleo urbano, ya que donde antes había un arroyo a cielo abierto en malas condiciones, hay una zona de esparcimiento.

El presidente de la CHG anunció que ahora se está trabajando aguas arriba, para la retirada de sedimentos y vegetación en el lecho del cauce, como pidió el Ayuntamiento, y se actuará también aguas abajo. Este proyecto constituye la segunda fase de la que la CHG realizó en 1996, cuando se construyó un gran canal a cielo abierto, la corta, que intercepta los caudales de avenida del arroyo aguas arriba y los entrega al Guadalquivir sin atravesar la población. El tramo del Almonázar sobre el que se ha intervenido va entre el inicio de la corta y el Guadalquivir, con el acondicionamiento integral del cauce, la reforma del sistema de bombeo de las aguas pluviales y obras singulares, como la hinca de una cajón para el paso bajo la línea del AVE. La instalación de los equipos de bombeo son fundamentales para evitar inundaciones. Además, se han ejecutado vías verdes a lo largo de 13,7 kilómetros, con caminos paralelos como zona de esparcimiento. Esta actuación ha venido acompañada de la apertura del paso peatonal entre San José y el polígono Cáñamo III y con las vías verdes, solicitada por el Ayuntamiento.

Sanz destacó la "muy buena" colaboración que han tenido la CHG y el Ayuntamiento, pero recordó que la Junta asumió las competencias con la obra ejecutada al 40% y que, tras ampliar en 38 meses el plazo, la devolvió al Estado todavía a falta de un 13%. La Junta mantenía además una deuda con el contratista, que saldó con fondos del plan de proveedores del Gobierno central, momento en el que la CHG pudo asumir el proyecto de nuevo para acabarlo.