"Al mismo tiempo que estábamos pensando en comprar este terreno estuvimos mirando un piso en Sevilla. Maldita la hora en que no lo compramos". Cristina Durán y Martín Barrientos son una pareja de La Puebla de los Infantes, un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla, ya casi en el límite con la de Córdoba y a más de una hora de camino de la capital. En el año 2018 compraron una finca a las afueras del pueblo para construir en ella su casa. "Era nuestro proyecto de vida", dicen, pero aquel proyecto se convirtió en una pesadilla monumental de gestiones y trabas burocráticas, que hacen que lleven ya más de tres años con la construcción precintada y con ellos viviendo en la casa de los padres de Cristina.

Todo comenzó cuando fueron al Ayuntamiento a solicitar los permisos para la construcción de su vivienda. Un técnico municipal les explicó que era preferible pedir una licencia de nave agrícola, porque los trámites para una vivienda, en un suelo rústico, suponían un proceso muy complejo y largo.

"Nos dan la licencia y empezamos la construcción. No teníamos prisa y la íbamos haciendo cuando podíamos". Martín trabaja en la construcción y se dedicaba a la casa cuando le dejaba su trabajo. "Cuando la teníamos a la altura de las ventanas recibimos una visita del Seprona (la unidad de la Guardia Civil que se encarga del medio ambiente)". Era junio de 2019. Los agentes explicaron que habían recibido una llamada anónima y necesitaban comprobar una serie de documentos sobre la construcción.

Cristina Durán abre la puerta de su parcela.

Cristina les mostró todos los permisos que tenían y les explicó a los agentes que el Ayuntamiento les había recomendado que solicitaran un permiso de nave agrícola. Tras la inspección, los agentes decidieron acudir al Consistorio de La Puebla de los Infantes para verificar que éste había otorgado dicha licencia en vez de la de vivienda.

"Pensamos que no habría muchos problemas, pues no se trata de un parque natural, no hay especies protegidas cerca... Supuestamente se personaron tres veces en el Ayuntamiento, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Ante eso, decidieron informar a la Fiscalía y ésta nos denunció ante el juzgado". La pareja cree que si el Ayuntamiento hubiera contestado, la situación hoy sería distinta. "Esa fue la gran metedura de pata. Les pilló en el mes de agosto al parecer y no había nadie que respondiera. El alcalde (José María Rodríguez, del PSOE) nos dijo que el arquitecto estaba de vacaciones y éste decía que había dejado la documentación en el portafirmas del alcalde pero no lo había firmado. Uno por otro y al final las consecuencias fueron para nosotros".

Poco después, el arquitecto del Ayuntamiento les tranquilizó y les aseguró que habían enviado la documentación y que podían seguir con la obra. "Así lo hicimos. Nosotros no habíamos recibido ninguna notificación del juzgado ni nada". Con la casa ya casi terminada, a falta de colocar las ventanas y unos cuantos remates más, la sorpresa para ellos fue que el juzgado admitió la denuncia de la Fiscalía a cuenta del informe del Seprona, por un supuesto delito contra el medio ambiente. "El arquitecto insistió en que siguiéramos adelante, pues él iba a informar al juzgado".

Estado actual de la construcción.

Llegó la pandemia y aceleraron las obras. Era el único trabajo que tenía entonces la cuadrilla de albañiles. La pareja ya tenía cierta prisa, puesto que ella estaba embarazada de cuatro meses y querían instalarse en la casa una vez que naciera la niña. El 9 de junio de 2020, se encontraron con un decreto de Alcaldía que ordenaba el precinto de la obra. Esa tarde, la Policía Local se presentó en la finca. Era un precinto administrativo, mientras que el Ayuntamiento les proponía para una multa de 150.000 euros. 

"Es curioso, porque nos llamó el alcalde para comunicarnos el precinto y nos pidió que no fuera Martín, porque temía que fuera a hacerle algo a alguno de los policías locales que venían a precintar", cuenta Cristina. "Yo no he tenido una pelea en mi vida, no tengo antecedentes, no soy una persona violenta, ¿por qué no podía estar yo presente en el precinto de mi casa?", se pregunta Martín. "Quizás sea porque tiene la voz ronca y les daba miedo, no sé", dice ella. Alguien tenía que abrirles para que precintaran el edificio, pues el resto de la finca no está bloqueado, aunque en un primer momento intentaron precintarle también el acceso a la parcela. 

"Eso nos dijeron, que también la valla, cuando aquí el problema siempre ha sido la construcción. Dijimos que muy bien, pero que no podríamos entonces venir a darle de comer a los perros que tenemos y que informaríamos a las autoridades de que  nos obligaban a abandonar a los perros, por si eso pudiera constituir un delito de maltrato animal". Finalmente, los policías sólo precintaron la casa. Y Martín estuvo. Con un orfidal en el cuerpo, eso sí.

Cristina, asomada al balcón de la casa de sus padres.

Para esquivar la sanción, tenían un plazo de seis meses para iniciar los trámites necesarios para la legalización de la vivienda. Así lo hicieron. En diciembre de 2020 ya tenían la documentación presentada. Tras meses sin novedad, la pareja preguntó por qué motivo no se le desprecintaba. La respuesta del Ayuntamiento fue que habían informado a la Consejería de Medio Ambiente y que por la zona pasa una vía pecuaria, con la que debían de guardar una distancia de 37,5 metros y medio. "Que no los teníamos de ninguna de las maneras".

"No nos lo podíamos creer. Cuando hicimos el primer proyecto de la nave agrícola, el arquitecto nos dijo que la vía pecuaria iba por la carretera. Porque igualmente la distancia hay que guardarla sea nave agrícola o sea vivienda. La opción que nos da el Ayuntamiento es comprar el olivar de al lado. Y cuando ya lo teníamos apalabrado y la señal dada, una semana antes de hacer efectiva la compra, el alcalde nos dice que no teníamos que haberlo comprado". Esto supuso, obviamente, una inversión considerable. La solución fue encargar un informe a un ingeniero de montes, que acreditó que el cordel, efectivamente, no pasaba por la puerta de la finca sino por la carretera. 

La piscina, desde el porche de la casa precintada.

Hartos de esperar, el 28 de abril convocaron una concentración en la puerta del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes. "Pedimos colaboración a los vecinos, y acudieron bastantes personas. Yo había hecho 350 pegatinas y las repartí todas". Acudieron muchos vecinos, en torno al medio millar. "Llamamos al alcalde, pero no nos contestó. Me devolvió la llamada al día siguiente y nos citó la semana siguiente para una reunión".

En ese encuentro, la familia se comprometía a no hacer más concentraciones, pues en principio su idea era la de hacer una cada viernes, a cambio de que el alcalde se comprometiera a agilizar todo lo posible la situación. Entre otras cuestiones, le facilitó el contacto del ingeniero de montes que hizo el informe sobre la vía pecuaria. "En el momento en que se demuestre que el cordel no va por ahí, te quito el precinto", apunta Martín que le dijo el regidor.

Concentración de protesta en La Puebla de los Infantes.

Y no fue así. Ahora aseguran que el Ayuntamiento ha mandado este informe a la asesoría jurídica de la Diputación Provincial de Sevilla. "Si nos había dicho que desprecintaba, ¿qué más necesita para hacerlo? Entendemos que en un primer momento nos precintara, como una medida cautelar drástica, pero ya hace tres años". En el juzgado, el caso sigue en fase de instrucción y están previstas declaraciones de técnicos para septiembre.

Cristina y Martín se han gastado ya todos los ahorros de su vida en esta casa, en los informes que han hecho falta para legalizarla, en los trámites y en el olivar colindante. A pesar de ello, no pueden acceder a la edificación, en la que alguna vez han visto cómo entran las ratas. "Dentro hay pájaros que han hecho nidos. El alcalde nos propuso levantar el precinto durante dos semanas para que hiciéramos limpieza y volverlo a poner, pero esa qué solución es. Tenemos las ventanas compradas y guardadas en casa, tres años llevan ahí, porque el precinto lo pusieron el día que llegaba el aluminio".

Martín Barrientos, en el porche de su casa.

Ahora, después del verano, no les queda otra que retomar las manifestaciones porque entienden que el Ayuntamiento no ha cumplido con ese compromiso que adquirió con ellos tras la primera concentración de protesta. Mientras tanto, la pancarta que llevaban en la protesta, en la que puede leerse "Alcalde solución" cuelga de los balcones de la casa de los padres de ella, en el centro del pueblo. Un detalle curioso ocurrió el 15 de agosto durante la procesión de la Virgen de las Huertas. Al pasar por la casa, la retransmisión oficial del Ayuntamiento dejó de emitir momentáneamente, de forma que no se vio la pancarta.

Este periódico contactó con el alcalde de La Puebla de los Infantes, José María Rodríguez, que también es diputado en la Diputación Provincial de Sevilla. El regidor aseguró que el asunto está en vías de solución y garantizó que se levantará el precinto de la vivienda, una vez que el informe del perito ha acreditado que la vía pecuaria no se ve afectada por la construcción. El alcalde admitió que este proceso lleva unos trámites y es necesario esperar a que éstos se resuelvan. Alegó además que los afectados tienen mucha prisa. Como para no tenerla, después de tres años con la casa terminada y sin poder vivir en ella.