La Fundación Savia ha elevado al Parlamento Europeo una petición para que se debate en Bruselas sobre las afecciones que tiene para el medio ambiente y la salud de las personas la queja de los rastrojos y los pastos del arroz, una práctica tradicional que se desarrolla cada otoño en la comarca de la Marisma y el Bajo Guadalquivir. Este colectivo, nacido para promover lo rural en toda España, está presidido por el conocido ecologista y ex líder jornalero Paco Casero. La solicitud ya está en el registro de la Eurocámara, auque la respuesta se demorará, según el ritmo habitual de esta comisión de peticiones.

Para los afectados por esta práctica agrícola, que provoca molestias respiratorias en los pueblos marismeños, es un paso adelante más en una lucha que empezó hace unos meses con la creación de una plataforma ciuadadana que ya suma casi 3.000 adhesiones y que ha salido a protestar a la calle en tres ocasiones en los últimos dos meses. 

A la reivindicación de que se adopten medidas de vigilancia y se promuevan alternativas menos contaminantes se han sumado también cinco ayuntamientos de la zona. En concreto, el de La Puebla del Río, Los Palacios, Isla Mayor, Coria del Río y Gelves. Los alcaldes remitieron escritos a la Junta de Andalucía para que se debatiera el problema y se buscaran soluciones. 

Las movilizaciones aúnan ya a casi 3.000 vecinos de las comarcas arroceras de Sevilla y a cinco alcaldes

A primeros de noviembre, el Defensor del Pueblo Andaluz, tras hacerse eco de las quejas, inició también una actuación de oficio.

La gestión de la postcosecha de arroz en la que es la principal zona arrocera de la península ibérica es todo un reto, pues se trata de un sector de gran trascendencia económica para la comunidad y las prácticas que originan las quejas están reguladas y autorizadas. No obstante, las molestias que causan son también evidentes: problemas respiratorios, que avalan ya numerosos informes médicos recogidos por los vecinos afectados; y contaminación atmósférica por un humo que también en ocasiones incluso a la seguridad vial en las carreteras y caminos rurales que discurren entre las tablas de arroz.

Los arroceros sevillanos se han mostrado también abiertos a mediciones del aire, como apuntan los ciudadanos que protestan, o los informes que sean necesarios y garantizan su colaboración, recordando que el cultivo en la provincia es prácticamente ecológico y está más controlado que nunca, pues el 98% está realizado bajo la normativa de Producción Integrada, lo que obliga a esta vigilancia.

Las alternativas son el fangueo, pero esta práctica no está indicada para toda la superficie cultivada por motivos fitosanitarios; y el empaque de la paja, una opción que resulta costosa, pues requiere de maquinaria especial para recoger un residuo que tiene difícil salida y escasa rentabilidad.

En cualquier caso, los manifestantes insisten en que no están en contra de un cultivo, que el sustento de muchas familias de la comarca y que alimenta a gran parte de la avifauna que habita en Doñana. Pero el debate está abierto y urgen conocer alternativas que se están experimentando en otras zonas arroceras del país.