La juez requiere a la UCO para que informe sobre si ha tomado nuevas declaraciones
Caso Aznalcóllar
Atiende una denuncia de Minorbis, la empresa que ganó el concurso y que puso en conocimiento de la instructora que la Guardia Civil estaba tomando declaraciones a testigos "a espaldas" de las defensas
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que haga “entrega e informe” al juzgado “del resultado de las diligencias de investigación” que haya realizado hasta la fecha, en el marco de la investigación abierta por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
En un auto, la juez atiende de esta forma a la petición realizada por la defensa de Minorbis, la empresa ganadora, que denunció en el juzgado que la UCO podría estar “tomando declaraciones testificales extra muros del proceso, sin contradicción, interdicción ni control de la autoridad judicial a cuyo cargo está la investigación criminal”.
El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a Minorbis, ya planteó una cuestión similar en el caso de los ERE y recientemente en la causa del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda por los cursos de formación, y en este caso reclamaba a la juez que ordenara a la UCO que remita a la causa las actas de “todas y cada una de las declaraciones testificales que se hayan practicado hasta la fecha a espaldas de los investigados y de sus letrados defensores”.
En el auto, la juez considera que es “irrefutable la legitimidad de la tarea de investigación que se estuviera llevando a cabo” por los agentes de la Guardia Civil, de acuerdo con la resolución dictada el 31 de octubre de 2016, donde se le encargó entre otras cuestiones la “investigación del papel real desempeñado por Minorbis y las circunstancias reales relacionada con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales, para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
Dice la magistrada que, por tanto, la UCO está “habilitada por una previa resolución judicial que sienta su contenido y alcance”. No obstante, la juez considera que aunque no es razonable exigir a la fuerza actuante una “dación de cuenta diaria”, como había apuntado la defensa, “sí debe atenderse a los recelos expuestos por la defensa de Minorbis en el sentido de que, de existir –a este juzgado no le consta- un cuerpo de atestado de cierta entidad correspondiente a declaraciones testificales, cuyas identidades no da la defensa en su escrito, deben remitirse a este juzgado a la mayor brevedad a fin de que puedan incorporarse al procedimiento, e instruir de su contenido a todas las partes personadas, dando debido cumplimiento al principio de contradicción, que debe también regir en fase de instrucción, cuando no consta declarado el secreto de actuaciones”, asevera la magistrada.
De otro lado, en el mismo auto la juez da traslado a la Fiscalía de los recursos presentados contra su decisión de solicitar el auxilio a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), para que este organismo elabore un dictamen jurídico completo sobre la validez de la normativa que regula el concurso público objeto de investigación y de todo el procedimiento seguido en el mismo.
Los agentes investigan 124.012 correos electrónicos
Un total de 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía relacionados con la adjudicación de la mina. Ésta es la voluminosa información que los agentes de la UCO están examinando en el marco de esta investigación, después de que la instructora autorizara la entrega de esas 18 cuentas de correo corporativo correspondientes a 15 personas. Atendiendo a los requerimientos de la juez, la Guardia Civil ha presentado ya, en los meses de junio y julio, hasta cuatro informes quincenales en los que da cuenta de las distintas actuaciones que está realizando.
En el primero de estos informes remitidos al juzgados, de fecha 2 de junio pasado, la Guardia Civil explica que una vez realizado el volcado de la información contenida en el disco duro donde se copió la información, ya se ha procedido al tratamiento informático de los mismos para “poder realizar el análisis y estudio encomendado”. Dicen los investigadores que lo primero que han hecho es “modificar” el tipo de archivo de cada correo, convirtiéndolos a la extensión “.eml” para que pueda ser reproducible en cualquier gestor de correo electrónico.
Para ello, se accedió a cada una de las 2.437 carpetas existentes, modificando “manualmente” las extensiones de los 124.012 correos electrónicos que componen las cuentas, “una a una”, precisa la UCO, lo que da cuenta de la ingente labor realizada.
Una vez convertidos los archivos se ha constatado que la cuenta que dispone de más mails, con 57.977, es la correspondiente a Vicente Fernández, el que fuera secretario general de Industria en la época del concurso.
La información recopilada ha sido incluida en un gestor de correo electrónico –Windows Live Mail-, donde se han creado las mismas carpetas para “obtener la misma interfaz de usuario” que tenían los propietarios de esas cuentas, de manera que “se podría leer y acceder a los correos en las mismas condiciones que los anteriores y en los términos” marcados por el auto del juzgado de enero pasado.
En un segundo informe, de 19 de junio, los agentes explican que están concretando el periodo de la investigación, de acuerdo con los parámetros que le dio la juez para que la búsqueda se realice exclusivamente en relación con el concurso de la mina de Aznalcóllar.
En las dos últimas comunicaciones al juzgado, de fechas 5 y 20 de julio, la UCO informa a la magistrada de que “hasta el momento no se han hallado correos que contengan elementos que hagan que se estime necesaria una dación de cuenta extraordinaria”.
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