De supuestos privilegiados al olvido

Otro de los ERE en sociedades dependientes de la administración local ha afectado a Gesalquivir, ente instrumental de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. De 37 personas, queda el responsable de la contabilidad para el concurso de acreedores. Ninguno de los despedidos está trabajando. Además sólo han podido cobrar dos nóminas y media de siete que quedaron pendientes. El dinero de los ayuntamientos que llegó por el plan de proveedores fue a deudas con Hacienda y la Seguridad Social en su mayoría.

También llamativa está siendo la situación de algunos trabajadores de la propia Mancomunidad. Eran casi 400, algunos se fueron al paro al concluir programas. Los que encadenaban contratos denunciaron y sus despidos han sido reconocidos como improcedentes. De los 50 fijos, hay un grupo que tras un año sin cobrar presentaron demandas de extinción de contrato que, a la espera del juicio, se toparon con los despidos de la mancomunidad. Está habiendo sentencias contradictorias, que implican recibir la mitad del dinero. Hasta ver qué pasa con él, Francisco Javier Sánchez (51 años, 20 en la mancomunidad) dice que cuenta con los 70.000 euros que le corresponden para su jubilación, pero teme que los ayuntamientos no liquiden del todo el ente para no asumir subsidiariamente las deudas con los trabajadores. Hacienda ya ha embargado a estos pueblos por la deuda que le toca, eso no falla. Mientras, se forma para hacer de su afición, el aeromodelismo y la restauración de coches antiguos, su modo de vida. Admite que muchos vecinos no han lamentado la desaparición de la mancomunidad por el estigma de "enchufados" que tenían sus trabajadores, motivado por los alcaldes que se han recolocado en el ente o algún otro caso que les ha perjudicado, como lo ha hecho que los logros se vendieran como del alcalde de cada sitio y no de la mancomunidad. Era el enfoque obligado que tenía como responsable de comunicación. Pero subraya que la mancomunidad ha movilizado muchos millones de euros para la comarca y que labores que realizaba su personal costarán más a los ayuntamientos.