En el año en el que estalló la pandemia, haciendo que cualquier rutina adquirida saltara por los aires, la gestión y el cobro de los tributos de los ayuntamientos sevillanos no fue una excepción. Hay varios datos del balance del Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal (Opaef), que asume esa labor en la práctica totalidad de la provincia –sólo Mairena del Aljarafe sigue con su propia agencia de recaudación– que lo evidencian.

Uno es que, en la atención al contribuyente, se disparó la demanda de usuarios por sede electrónica: hasta un 80% más, con 16.000 actuaciones. El sistema soportó, sin grandes incidencias, el salto, aunque no todos los trámites están desarrollados para poder realizarse telemáticamente y lograrlo es uno de los retos.

Uno de los trámites que sí se pudieron hacer fue pedir el fraccionamiento de tributos en voluntaria sin intereses, a lo largo del año, una de las medidas urgentes adoptadas en marzo –la obra fue suspender la recaducación en ejecutiva de abril a junio– para intentar paliar los efectos del parón de actividad en negocios y empresas y la merma de ingresos en las familias.

En total, 4.111 contribuyentes se acogieron a ese fraccionamiento con 10.242 recibos (es decir, hubo personas que lo solicitaron por más de un concepto: IBI, IAE e IVTM...) que suman 1,9 millones de euros. El requisito era que la cantidad a pagar no sobrepasara los 30.000 euros y la solicitud llegara en el periodo voluntario para abonarla.

Aunque la resolución aprobada por el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, sólo tenía vigor para 2020, la voluntad del organismo es que ese fraccionamiento sin intereses se apruebe de nuevo y esté también de cara a la apertura del periodo de pago en voluntaria de 2021, que arranca en mayo.

La recaudación por multas cae en 1,3 millones

El impacto de la pandemia también se refleja en la bajada de los expedientes que se han tramitado por multas de tráfico u otros incumplimientos de ordenanzas municipales de circulación, que el Opaef gestiona en 57 municipios, entre ellos algunos de los grandes, como Alcalá de Guadaíra, Utrera o La Rinconada.

De 38.000 que se gestionaron en 2019 se pasó a unos 30.000 el año pasado, algo lógico también, cuando hubo un duro confinamiento de marzo a junio y luego se han sucedido limitaciones a la movilidad. En millones de euros recaudados por el Opaef por ese concepto, se pasó de 6,4 en 2019 a 5,1.

Con todo y a pesar de ese “escenario” que en la práctica fue como “un año de nueve meses”, los resultados han sido “satisfactorios”, según el gerente del Opaef, Juan Francisco González. De los 410 millones de euros que habría que cobrar por conceptos tributarios y no tributarios, el 87,3% se abogó en el plazo voluntario o con los fraccionamientos sin intereses. El pago dentro de los plazos ordinarios fue incluso mayor que el año previo, con un 1,5% de incremento.

En lo que respecta a la ejecutiva, y a pesar de esos tres meses de suspensión, la recaudación sólo bajó en 6 millones de euros en impuestos locales hasta junio, pero se recuperó después y el descenso al final de año sólo fue de un millón de euros con respecto a 2019.