El fiscal cree que debe valorarse si la Junta es responsable civil del maltrato en la Cruz Blanca

La Fiscalía de Sevilla apuntó ayer que habría que valorar la posibilidad de que la Junta de Andalucía sea responsable civil subsidiaria de los presuntos malos tratos denunciados en el centro Miguel Mañara de Dos Hermanas, al tratarse de una residencia concertada con la Administración autonómica.

Fuentes del Ministerio Público explicaron ayer a este periódico que de las ocho personas que figuran inicialmente como denunciadas en las dos denuncias que la Fiscalía ha presentado en los juzgados nazarenos, sólo tres tienen la condición de religiosos, mientras que las otras cinco se trata de personal laboral del centro, que está bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Las fuentes precisaron que, a priori, habría que valorar esa posible responsabilidad civil de la Administración, aunque señalaron que habrá que analizar qué tipo de contrato tiene el personal laboral y la relación con la Junta. La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, se refirió recientemente a la posibilidad de que se pueda plantear la posible responsabilidad civil, al afirmar que "en ningún momento la Fiscalía ha requerido nada en esta línea". En cualquier caso, Navarro opinó que "es difícil de entender que se le pueda pedir responsabilidad civil subsidiaria a la entidad que presenta la denuncia", explicó la consejera en alusión a que fue la propia Consejería de Igualdad la que en diciembre de 2009 puso en conocimiento del Ministerio Fiscal los presuntos malos tratos a los internos tras una inspección a las dependencias.

La Consejería de Igualdad también abrió un expediente sancionador a la residencia sobre el funcionamiento de la misma, aunque el expediente aún está en trámite.

La dos denuncias presentadas por la Fiscalía no han sido repartidas entre los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Dos Hermanas, por lo que ninguno de estos órganos se ha hecho cargo aún de la investigación y de la apertura de las correspondientes diligencias, en las que tendrán que prestar declaración los religiosos y los trabajadores del centro de discapacitados. Una de las denuncias recoge unos presuntos malos tatos y trato degradante a los discapacitados, mientras que en la segunda se investigará un posible delito de coacciones y de obstrucción a la Justicia. En el primero de los casos, los hechos se refieren a supuestos insultos, bofetones, ahogadillas en la piscina, e incluso dejar sin comer a los discapacitadas como una especie de castigo.

El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, pidió esta semana que no se criminalice a los hermanos de la Cruz Blanca por casos aislados, al tiempo que destacó la importante labor que realiza esta congregación.