La Hermandad del Valle presentó al Arzobispado con fecha 29 de junio la liquidación del presupuesto del primer semestre de 2022, una comunicación en la que la Hermandad del Jueves Santo responde a la inquietud de la delegación episcopal de Asuntos Jurídicos para las Hermandades y Cofradías, sobre el origen de las desviaciones producidas en algunas partidas. Una de las mayores desviaciones producidas durante el comienzo del ejercicio está provocada, según detalla la hermandad, por la obligación impuesta por el Arzobispado para convocar dos cabildos extraordinarios con el fin de elegir la junta económica y aprobar nuevamente el reglamento, que se habría subsanado eliminando la aportación al Seminario, que es voluntaria, por otra parte.

La corporación explica que el coste de envío de las convocatorias de cabildo se sitúan en torno a los 1.900 euros, un gasto que no estaba estimado inicialmente al no plantearse esa necesidad. Para cuadrarlo dentro del presupuesto, la corporación propone modificar las partidas del Seminario, que contaba con 1.250 euros y se quedaría en cero; y el convenio de Cáritas, que pasaría de 15.000 a 14.350. Esta partida, además, se iba a reducir otros 600 euros debido a los gastos generados por las notificaciones realizadas a la delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos. Pese a ello, el incremento de la subvención del Consejo por la explotación de la carrera oficial y un ingreso no previsto de la SGAE habría permitido que la asignación para el convenio de Cáritas no se modifique y se quede en los 15.000 euros inicialmente previstos.

En su informe, la corporación detalla cuáles son las partidas que sufren desviaciones y justifica a qué es debido. La hermandad señala, por ejemplo, el incremento de los costes de mercado en materiales de oficina, reprografía o servicios postales, o restauraciones necesarias que había que acometer de cara a la Semana Santa, un hecho habitual en las cofradías-

Por otra parte, las cuentas aportadas por la corporación muestran una buena situación de tesorería. 

Esta comunicación de las cuentas de la hermandad se produce después de que el ex hermano mayor de la corporación, Lucas Maireles, mandara un escrito al Arzobispado en el que advertía de "una supuesta desviación del presupuesto aprobado por el cabildo general de hermanos correspondiente al año 2021". Tras esta denuncia, el Arzobispado por medio de la delegación diocesana de Asuntos Jurídicos, cuyo responsable, Miguel Vázquez Lombo, fue director espiritual durante el mandato de Maireles, emitió un duro decreto por el que intervenía las cuentas de corporación y exigía una rendición de cuentas mensuales.

La hermandad, por su parte, siempre defendió la labor desarrollada en los últimos cuatro años para tener una economía "absolutamente saneada". Señalaba entonces que las cuentas eran públicas a través de la web y auditadas externamente por la misma firma que elabora las auditorías de la Catedral o Cáritas. "Por tanto, la Archicofradía de la Coronación en el rendimiento y transparencia de sus cuentas es ejemplar en la Archidiócesis de Sevilla, conociendo todos la situación de la que venimos hace pocos años y que gracias a un arduo trabajo, comprometido y honrado, se ha superado definitivamente", explicaba en un comunicado.

Tras una reunión con mediadores, la corporación explicaba que se ha dictado un nuevo decreto que corrige al anterior por el que Arzobispado le había  retirado la obligatoriedad de tener que rendir cuentas mensualmente y para cualquier variación que se quisiera hacer en el presupuesto aprobado por el cabildo general de hermanos, reservando dicha actuación tan sólo para supuestos de extraordinaria relevancia. La corporación del Jueves Santo, cuyo hermano mayor es Gonzalo Pérez de Ayala, incidía en un comunicado que la junta de gobierno, entendiendo que esta intervención no se ajustaba a derecho y que resultaba lesiva para los intereses de la Archicofradía, por lo que presentó la preceptiva súplica, previa al recurso jerárquico, ante la misma autoridad de la que emanó el propio decreto y, paralelamente, se instó la mediación del asunto, prevista en el Código Canónico para evitar un litigio.