El ADN y la colaboración internacional han permitido al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional esclarecer un caso que llevaba diez años siendo un misterio. Es el conocido como el crimen del Tío Tom, nombre del bar de la Barqueta en el que trabajaba, como camarero, la víctima. Francisco Carrasco Córdoba, de 24 años, fue encontrado muerto en su casa el 9 de diciembre de 2002. Lo halló su jefe, el dueño del Tío Tom, que se acercó a buscarlo al ver que no llegaba al trabajo.

El cuerpo de Carrasco Córdoba estaba colocado en un sillón, como si estuviera sentado, en una habitación de la primera planta del edificio en el que vivía, en el número 23 de la calle Vib Arragel, muy cerca de su lugar de trabajo. Tenía los pies y las manos atados con cinta adhesiva y había recibido numerosos golpes por todo el cuerpo. En el suelo, en las paredes y en la escalera de la casa había manchas de sangre. Todo estaba revuelto, con signos evidentes de lucha y resistencia. Junto al cadáver había una caja fuerte de gran tamaño. La puerta de la casa no estaba forzada. La víctima abrió la puerta a su asesino, o bien a alguien que conocía y venía con él.

El dueño del Tío Tom llamó al 091. La Policía inspeccionó la escena del crimen y abrió la caja fuerte que estaba junto al cadáver. En el interior había cuatro kilos de cocaína y 8.000 euros. Este hallazgo llevó a los investigadores de Homicidios a establecer el robo de esta droga como móvil del crimen. El tamaño y el peso de la caja fuerte hicieron imposible que el asesino se la pudiera llevar. Antes de marcharse, buscó sin éxito las llaves de la caja fuerte por toda la casa, como demostraba el hecho de que todo estuviera revuelto en la vivienda, y todos los cajones y muebles abiertos.

En las inspecciones oculares del piso, la Policía Científica halló restos biológicos, de los que sacó un perfil de ADN de un desconocido, posiblemente el asesino. Esa información genética se introdujo en una base de datos con otros perfiles anónimos, a la espera de que en alguna operación policial en cualquier parte del país, en un control de tráfico o en cualquier otro supuesto, fuera detenido el dueño de ese ADN y se pudiera saber quién era.

Habría que esperar diez años para que un cruce de datos diera positivo. Entre tanto, España firmó un acuerdo de cooperación internacional con otros siete países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Finlandia. Es el Tratado de Prum, rubricado en mayo de 2005, por el que las fuerzas de seguridad de estos países comparten información del flujo de personas y vehículos y de perfiles genéticos. En esta base de datos internacional se volcó, en enero de 2012, un ADN idéntico al encontrado en la casa de Vib Arragel.

Correspondía a Dominique Philippeaux, un ciudadano francés que ahora tiene 49 años, y que se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Mauzac, en el sur de Francia. En el año 2004, había sido detenido por atropellar a un gendarme al intentar escapar de un control en Saint Quentin. Philippeaux fue extraditado y admitió ante los agentes del Grupo de Homicidios y ante el juez de Instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, que había estado en la vivienda de Vib Arragel, si bien aseguró en su declaración que la víctima aún estaba viva cuando él se marchó.

Philippeaux irá a juicio por el crimen del Tío Tom después del verano, pero se encuentra desde el pasado mes de mayo en libertad. La Audiencia de Sevilla, en contra del criterio de la Fiscalía, no prorrogó por otros dos años su prisión preventiva y le impuso como medida cautelar la obligación de comparecer en los juzgados dos veces por semana. La Policía tiene claro que el crimen fue por un robo de droga. Difícilmente el acusado, delincuente curtido y que se desplazó a Sevilla sólo para ese trabajo, dirá quién se lo encargó.