Las gasolineras agrupadas en la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Sevilla (APES Sevilla) están sufriendo una situación de “asfixia” económica por el retraso del Gobierno central en el pago de la liquidación de los litros de combustible vendidos en abril, cuando entró en vigor la bonificación a los consumidores de 20 céntimos por litro. APES agrupa a un centenar de estaciones de servicio de empresarios particulares que suponen la mitad del sector provincial.

Beatriz Lacañina, presidenta de la asociación provincial, aseguró este lunes que un 35% de los socios de APES no han cobrado o han cobrado menos de lo que les correspondía en Sevilla y provincia. El plazo para solicitar esa liquidación se abrió el 1 de mayo y acabó este domingo día 15.

“La situación de las personas que no han cobrado es asfixiante. Algunos empresarios de estaciones de servicio lo están pasando muy mal porque se han visto obligados a pedir un préstamo bancario para sostener “un problema que les ha generado el Estado y del que no son responsables”, recalca la presidenta. 

Beatriz Lacañina, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Sevilla (APES Sevilla).

A nivel andaluz, la asociación está negociando para que la Junta habilite una línea de financiación con fondos ICO al 0% cuya gestión sea rápida. Sin embargo, de momento no se ha conseguido esta reclamación. La Confederación Nacional del gremio sí ha conseguido negociar créditos con una entidad bancaria.

“No sabemos a qué se debe esta situación que no tiene ni pies ni cabeza. Hemos escrito a la Agencia Tributaria de Andalucía exponiendo la situación y reclamando el pago de los importes que se adeudan porque estamos financiando nosotros ese dinero”, lamenta Lacañina, que compagina su cargo con el negocio familiar de carburantes.

El sector recibió del Estado un adelanto del 90% de los litros vendidos de combustible en 2021 pero, dado que este año hay más ventas de combustible que en 2021, el importe que se les ha pagado como adelanto “ni muchísimo menos llega al 100% de las ventas, sino a un 70% de estas”, sostiene.  

El gremio se pregunta por qué el Gobierno central está retrasando los pagos a las gasolineras cuando ahora no toca comprobar los litros vendidos, ya que únicamente se pide una declaración responsable. Hay socios de APES que solicitaron con suficiente antelación esa liquidación y tampoco les han pagado. En la plataforma de la Agencia Tributaria consta su solicitud presentada, pero no está aún autorizada al cobro. En la Agencia Tributaria les dicen que no saben los motivos y les piden esperar.

Otro grupo ha cobrado una semana después de la solicitud, pero solo han percibido una parte de esos pagos. Es el caso de Lacañina, cuyo negocio ha recibido algo más de la mitad del coste de los litros vendidos.

El gremio se queja de que el Gobierno central no ha atendido sus sugerencias. “Es absurdo como lo han hecho. Estos 20 céntimos no se han notado con la subida del petróleo. Si descuentas un porcentaje atacando al IVA, por ejemplo, o se hace para los autónomos y empresas un sistema como el de gasóleo bonificado, ahí sí se habría notado de forma más llamativa porque si aumenta el precio, aumenta el descuento. Pero el Estado ha querido hacer algo fijo sin dejar de recaudar el IVA”.

Destaca especialmente que las estaciones de servicio son las primeras que quieren bajadas de precio para que se venda más combustible. “Nosotros somos los primeros interesados en que el precio del combustible baje. Cuanto más barato está, más vendemos. Tenemos un negocio de volumen. Nuestros márgenes son muy pequeñitos. En el momento en que caen las ventas no nos salen los números. Somos los primeros interesados en que el Estado aplique medidas para que el precio baje, pero no de esta manera. Al final se van a cargar a un sector entero”.

Lacañina acusa al Gobierno central de ignorar las repercusiones de esta medida. Asegura que hasta la Agencia Tributaria se queja de los efectos del deficiente diseño de este sistema de bonificaciones respecto a las necesidades de Hacienda y de las estaciones de servicio. “Hacienda y los empresarios de estaciones de servicio estamos gestionando como podemos una auténtica locura del Estado. No tenemos los medios informáticos adaptados y hemos estado sin dormir para sacar el trabajo adelante”, lamenta.

Hay otro problema añadido. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a revisar la gestión de las gasolineras. “Lo hará sabiendo que hemos hecho cosas mal. Por imposibilidad informática no hemos podido realizar el descuento después de IVA, como solicitaba la administración pública. Nuestros programas informáticos no estaban adaptados a eso. El trabajo de los informáticos ha sido titánico: días y días desbordados sin dormir, intentando dar respuesta a cuestiones imposibles. Tampoco las petroleras se han adaptado hasta bien entrado el mes de abril”.