Un bar de la Alameda pierde la concesión por una deuda de 109.419 euros

Urbanismo

Urbanismo se incauta la fianza de 50.545 euros de un negocio sin licencia desde julio de 2020

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Veladores de los bares de la Alameda de Hércules.
Veladores de los bares de la Alameda de Hércules. / Juan Carlos Vázquez

La Gerencia de Urbanismo ha declarado extinguida la concesión administrativa para la explotación como restaurante, cafetería o bar sin música del quiosco denominado Carlos V y su terraza de veladores que se encuentra enclavado en la zona central del bulevar de la Alameda de Hércules.

La apertura del expediente tuvo lugar en diciembre de 2020 después de que el 30 de julio de ese mismo año expirase el plazo y el arrendatario del inmueble municipal acumulase impagos del canon por un importe de 109.419 euros. Tras finalizar la concesión, lo primero que realizarán los técnicos de Urbanismo es recuperar el establecimiento hostelero y, una vez que se compruebe su buen estado, procederán a la elaboración de los pliegos y a su licitación para buscar un nuevo dueño.

El quiosco bar de la Alameda de Hércules fue adjudicado en 2003 a una empresa hostelera por un periodo estipulado de 12 años. “No obstante, como consecuencia del inicio de las obras de reurbanización de la Alameda de Hércules y su incidencia sobre la explotación del referido quiosco bar”, fue acordada la suspensión de la concesión administrativa durante la ejecución de la reurbanización y el plazo de la concesión “se ampliaría a partir de la fecha de su vencimiento (que era el 26 de noviembre de 2015) por un período igual al que permaneciese suspendida”.

Los técnicos detallan en el expediente que, “atendiendo a lo expuesto, el contrato quedó suspendido desde el 3 de noviembre de 2005 hasta el 7 de julio de 2010, finalizando la vigencia del mismo con fecha al 30 de julio de 2020”.

La resolución agrega en 2016, un informe determinaba que la entidad adjudicataria de la concesión arrastraba “una deuda acumulada” de 109.419 euros por impagos del canon estipulado en la concesión en favor de las arcas municipales, extremo por el cual ese mismo año “se incoó un procedimiento para resolver la citada concesión administrativa por incumplimiento del concesionario del pago del canon establecido”.

El gobierno municipal se incautó la fianza de 50.545 euros por incumplimiento de las obligaciones que le corresponden como adjudicataria a la empresa de la concesión administrativa, en alusión a los impagos del canon estipulado.

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