Un error solventado el mismo día que se hizo público. La juez Alaya dictó el pasado lunes un nuevo auto en el que corrige su anterior resolución, en la que citó a declarar como imputado al padre, ya fallecido, de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en el concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla. La juez ha imputado ahora a los hermanos de la ministra, Eduardo Báñez García, consejero delegado y persona que firmó la oferta de Construcciones Juan de Robles en dicho concurso, y Juan Nicolás Báñez García, también su condición de consejero delegado de la sociedad. 

En el nuevo auto, Alaya justifica la citación de una persona fallecida señalando que "por mero error" se consignó en la citación como segundo apellido el de "González", en lugar de "García", por lo que una vez rectificado el error acuerda citar a los hermanos de la ministra para el próximo viernes, a partir de las 14:30 y las 15:00, respectivamente. 

La juez Alaya ha previsto para ese día uno de sus habituales maratones de declaraciones, puesto que ha citado a declarar a seis representantes de empresas que pujaron por los suelos de Mercasevilla. A este concurso para la adjudicación del derecho de opción de compra de los suelos concurrieron ocho sociedades: Sanma Desarrollos Urbanísticos, Landscape Espais Promocions, Noga, Prasa, Realia Business, sociedad azucarera Larios, Edamar y Construcciones Juan de Robles. El concurso lo ganó Sanma, que realizó una oferta de 106 millones de euros y que era inferior a la que hizo Noga, que ofreció 158 millones. 

Sanma se hizo con el concurso porque, según afirma la instructora en resoluciones anteriores, se introdujeron dos cláusulas que penalizaban, de un lado, aquellas ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de las ofertas presentadas -una cláusula que la juez califica de "antieconómica y contraria al interés general" y que no está contemplada en la ley ni en el reglamento de contratos del Estado-; y de otra parte, primaban la titularidad previa de cualquier derecho sobre los terrenos, lo que también favorecía a Sando. 

Las nuevas imputaciones se producen, según Alaya, porque de los indicios de la causa se deduce no sólo el "posible concierto" entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación de los terrenos, sino también un "idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por la entidad Sanma", filial de Sando. 

La juez ha citado a Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Realia Business; José Romero González, presidente del consejo de Prasa; Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar; y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, que firmó la oferta presentada por Edamar.