El juzgado de lo Social 8 de Sevilla ha aplazado la vista por la demanda de 34 de los 40 ex trabajadores de Mercasevilla acogidos al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007, de cuyo pago se ha desligado la Junta de Andalucía tras las diligencias penales abiertas por el juzgado de instrucción 6.

Fuentes del Comité de Empresa han informado de que el caso se ha aplazado hasta dentro de un mes y han apuntado que la decisión se ha tomado por la muerte de un familiar de la titular del juzgado.

La vista ya se aplazó en noviembre pasado porque faltaban diversos documentos pedidos al Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y a las aseguradoras Generali y Vitalia.

La vista corresponde a las demandas presentadas por los sindicatos CCOO y UGT referidas a 34 de los 40 trabajadores incluidos en el ERE de Mercasevilla de 2007, que junto con el de 2003 está siendo investigado por presuntas irregularidades por la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

El montante total asciende a nueve millones de euros, que los trabajadores reclaman a la propia Mercasevilla, al Ayuntamiento de Sevilla, la sociedad estatal Mercasa, la Consejería de Empleo de la Junta y dos aseguradoras.

El compromiso de pago de estas prejubilaciones fue firmado por Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta encarcelado desde el 9 de marzo por las presuntas irregularidades en los ERE, por lo que los actuales titulares de la consejería se han desvinculado de ellas.

Esta es una de las vías judiciales abiertas por los ex trabajadores del mercado central sevillano, 16 de los cuales fueron condenados en julio de 2011 a devolver al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) unos subsidios de paro percibidos "indebidamente" ya que, a la vez, cobraron de la empresa unas cantidades en forma de préstamo.