El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad y de manera inicial la ordenanza para luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual en la ciudad, que prevé sanciones de hasta 3.000 euros para clientes de este fenómeno.

Previamente a la aprobación de esta ordenanza -que, entre la preceptiva publicación en boletín oficial y los trámites administrativos de rigor, prevé su aplicación efectiva para el siguiente mandato-, la concejal de la Mujer, Dolores Rodríguez (PSOE), ha incidido en la "pobreza" y los "daños psicológicos" inherentes a las mujeres víctimas de este fenómeno, que se pretende combatir con una normativa en la cual se ha incluido la punición de la publicidad móvil.

Asimismo, a instancias de IU, se ha hecho hincapié en la necesidad de "erradicar" la actividad, más que "desalentarla", y se ha aclarado que las mujeres en situación de prostitución nunca pueden ser sancionadas por esta ordenanza, quedando ello reservado, con carácter general, a clientes e intermediarios.  

De esta forma, en la ordenanza se recogen las normas de conducta que deben ser sancionadas, como son la demanda de servicios sexuales retribuidos en la vía pública, así como la promoción o favorecimiento de estas conductas, incluso desde el sector empresarial privado. Igualmente se sancionan aquellas conductas que promuevan, favorezcan o fomenten el consumo de prostitución y la explotación sexual de las mujeres, el mercado de la prostitución y el turismo sexual mediante el uso de la publicidad.

Se prohíbe solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios anteriormente descritos; se prohíbe mantener relaciones sexuales mediante retribución por ellas en el espacio público; y se prohíben las conductas que puedan considerarse favorecedoras o que promuevan el consumo de prostitución. Se consideran así, entre otras, las consistentes en acercar a los clientes al lugar donde se encuentren las personas en situación de prostitución y cualquier otra que sirva para el acercamiento entre ambas partes.

Estas conductas serán consideradas como infracciones graves y sancionadas con multas entre 750,01 a 1.500 euros, con multa de 1.500,01 a 3.000 euros si son muy graves, teniendo esta consideración cuando se lleven a cabo en espacios situados a menos de 200 metros de centros docentes y otros espacios con afluencia de público infantil o juvenil; en lugares o alrededores, al menos 200 metros, con gran afluencia de público como actos públicos culturales, lúdicos, deportivo o de otra índole; o lugares que impliquen mayor vulnerabilidad de las personas en situación de prostitución o explotación sexual por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a vías de circulación de vehículos y espacios que impidan la huida.

Por otro lado, también se prohíbe la colocación, reparto, divulgación o difusión de publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo de prostitución y la explotación sexual de las mujeres, el mercado prostitucional y el turismo sexual; ello tendrá la consideración de infracción leve y será sancionado con una multa de hasta 750 euros, procediéndose a la retirada de la misma por los servicios municipales competentes, independientemente de la resolución del procedimiento sancionador incoado.

La condena a la prostitución ha sido la nota predominante en la intervención de los grupos políticos. A la intervención de Rodríguez, que tras la votación ha recalcado que no es suficiente la lucha contra la explotación sexual, sino el apoyo a estas mujeres y la persecución a proxenetas y clientes, se suma la de la concejal de IU, Josefa Medrano, ha abogado por un enfoque "abolicionista", señalando que no basta con sacar este fenómeno de los barrios afectados. Por parte del PP, la edil Amidea Navarro ha incidido en la petición de su formación de que "desde el minuto uno" se empiece con las sanciones, una vez los trámites queden cumplimentados.