La Audiencia aplaza el juicio por la estafa piramidal de Contsa

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha decidido este lunes aplazar el inicio del juicio por la estafa piramidal de Contsa por la muerte del padre del fiscal Fernando Soto, encargado de representar a la acusación pública en este proceso. La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha sido la encargada de solicitar al tribunal el aplazamiento de la vista oral. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Romeo, ha expresado el pésame al fiscal en nombre de todos los magistrados y ha decidido aplazar el inicio del proceso hasta el próximo jueves.

En el juicio están acusados el presidente del grupo Contsa, José Salas Burzón, y a su ex esposa, Carmen B. D., que se enfrentan a penas de 13 y seis años de prisión, respectivamente. El juicio tenía previsto arrancar este lunes y celebrarse en doce sesiones los lunes y martes de cada semana, por lo que se preveía que finalizara el 22 de diciembre, según el calendario diseñado por la Audiencia.

Mercedes Alaya, que en su día instruyó el caso de los ERE y Mercasevilla, ha sido designada como magistrada ponente de esta causa y la encargada, en su momento, de redactar la sentencia.

La Fiscalía de Sevilla solicita en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 13 años de prisión para el dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, y seis años para su ex esposa, Carmen B. D., a los que atribuye en distinto grado delitos societario, de estafa e insolvencia punible, en relación con la quiebra de esta sociedad de "estructura piramidal" en cuyas cuentas se detectó un agujero de 87 millones de euros y un total de 1.658 acreedores.

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía señala en su escrito de acusación que la "principal actividad real" de Contsa era la captación de nuevos prestamistas, mediante los denominados "préstamos participativos", en los que ofrecía unos intereses de entre el 5% y del 45% -siendo el más frecuente el 20%- para así ir atendiendo el pago de los intereses de los anteriores, así como de aquellos que no renovaban los créditos, creando una estructura piramidal.

Además de los elevados intereses, ofrecía "el atractivo" de no declarar las inversiones ni sus rendimientos a la Hacienda Pública ni la práctica de ninguna retención, hasta el punto de que, según el Ministerio Público, Salas Burzón "contaba en la sociedad con un número de acreedores respecto de los que sí lo hacía en A y un segundo grupo de acreedores opacos o en B". Este hecho explica que cuando uno de los acreedores presentó un concurso en el juzgado de lo Mercantil al no recuperar su dinero, Contsa tenía 1.653 acreedores, cuando sólo se había declarado 653, y había dejado de pagar intereses por unos cinco millones.

El escrito de acusación detalla que hasta noviembre de 2005 el capital social de Contsa era de tres millones de euros, siendo Salas Burzón el único accionista, pero este acusado, "movido por el deseo de captar inversores y para aparentar la solvencia de la que carecía frente a terceros, principalmente frente a inversores, acometió un fuerte aumento de capital social, siempre ficticio y que no respondía a la realidad".

El capital social se amplió hasta ocho millones, mediante la suscripción de seis pólizas de crédito, y una vez que se realizó la aportación de capital, "actuando como administrador de la entidad, adquirió un paquete de acciones de diversas entidades cotizadas en bolsa, que al mismo tiempo pignoró contra la deuda de las citadas entidades". Pero al vencimiento de estos efectos, al resultar impagadas, fueron ejecutadas por las entidades bancarias.

El fiscal considera que Salas Burzón acudió a esa ampliación de capital "para lograr una apariencia de solvencia en el mercado", pero lo hizo con una financiación externa de la que respondía con los bienes de la sociedad, con lo que en realidad Contsa "financió al acusado".

Salas Burzón fue condenado en octubre de 2014 a 22 meses de prisión y al pago de una multa de 3,3 millones por dos delitos contra la Hacienda Pública, en una sentencia que absolvió a su ex esposa, María del Carmen B. D., que estaba acusada de los mismos delitos de fraude al fisco.