Ayer, cuando la decisión de la Junta de levantar la suspensión que pesaba sobre la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar causaba en Andalucía una oleada de reacciones, estaba amaneciendo en México. Allí tiene sede la multinacional que -pese al protagonismo de Magtel en el concurso y el proceso judicial- es la minera, la que pondrá en marcha este proyecto complejo: por la zona sensible, cerca de Doñana, en la que se halla; porque supone empezar de nuevo, con una mina subterránea, y gestionar los viejos lodos y las aguas ácidas de la Corta de Aznalcóllar. Incluso si el proceso judicial se cerrara sin más implicaciones, seguirá acaparando todos los focos.

Teniendo en cuenta la diferencia horaria, los responsables de comunicación que Grupo México tiene en España emplazaban al inicio de la semana que viene para hacer valoraciones, avanzar plazos o cómo echarán a andar con el proyecto, cuyos datos son conocidos: una inversión de 304 millones de euros, que está previsto que genere 200 empleos en la fase de investigación, 1.100 en la de construcción de la nueva mina y la planta. Cuando todo esté en marcha, serán 476 contratos directos, que, aunque no todos sean de Aznalcóllar, supondrá un revulsivo en un municipio que ha perdido casi al 30% de la población desde que cerró la mina.

El pasado verano, cuando Daniel Muñiz, director general de Americas Mining Corporation, la división minera del grupo, visitaba Aznalcóllar con la adjudicación en impasse, confirmó que Minera Los Frailes -la sociedad que ha constituido para explotar la mina y de la que tienen el 97% de las acciones- tenía consignados 93 millones de euros de "fondos libres" para empezar. Era una forma de subrayar la solvencia del proyecto y del grupo, con 13 minas en explotación en Perú, México y EEUU. En los dos últimos, cotiza en bolsa.

Muñiz confirmaba además que estaban intentando que la adjudicación no se parara con el proceso judicial. No quería hablar de plazos para desistir, en caso contrario, aunque admitía que, como "todas las empresas" aspiraban a que "el capital" invertido empezara a "producir" "cuanto antes". "Hoy no tenemos plazos marcados, estamos convencidos de que España nos puede dar garantías para que el proyecto sea viable", resumía.

Lo único que adelantan las fuentes consultadas es que, de forma previa a la primera fase de investigación habrá un proceso de elaboración de proyectos y de permisos, ante distintas administraciones, que deben dar su visto bueno. La inversión prevista en los primeros cuatro meses es de 4,4 millones.