La Junta se anticipa y confía en el inminente archivo de la causa judicial abierta por las irregularidades detectadas en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio decidió ayer levantar la paralización cautelar de la adjudicación del proyecto minero y su aceptación por la entidad Minera Los Frailes, una decisión que se ha producido después de que la sociedad Grupo México-Minorbis instase a la Junta a levantar esta medida cautelar ante la importante inversión de 93 millones de euros que tiene comprometidos en el proyecto. La empresa estaba incluso estudiando posibles acciones para abandonar la actividad en caso de que la Administración autonómica no resolviera pronto.

La dirección general de Industria, Energía y Minas, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo y con el informe favorable del gabinete jurídico de la Junta, entendió que es "conforme a derecho" no suspender la adjudicación de los derechos mineros, según informó ayer la Consejería de Empleo.

La decisión de la Junta llega además cuando la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha concluido la investigación en la que están imputadas siete personas, entre ellas la ex directora general de Industria, María José Asensio, y varios vocales de la mesa de contratación. Una vez acabada la instrucción, la juez debe decidir ahora sobre la continuación del procedimiento o el archivo de la causa, en el caso de que considere que no se ha cometido ningún delito en el proceso de adjudicación del concurso público a la empresa Grupo México-Minorbis. Ésta es la tesis que defiende la Junta, que siempre ha insistido en la legalidad del procedimiento de adjudicación, por lo que si la juez sobresee finalmente la causa la empresa perdedora, Emerita, podría acudir a la vía Contencioso-administrativa para tratar de impugnar el proceso de adjudicación.

En el mes de mayo pasado, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Sevilla, tras la denuncia presentada por Emerita, acordó la práctica de una serie de diligencias probatorias, consecuencia de que en el atestado policial se revelaba, a juicio de la Policía Judicial, la concurrencia de hechos acaecidos durante el procedimiento del concurso calificados como irregularidades graves, "al menos indiciariamente".

Tras ese hecho, la Administración Minera andaluza acordó ese mes "una condición cautelar suspensiva en los efectos de la aceptación de la adjudicación, previa tramitación del correspondiente expediente a tal efecto".

La Junta ha acordado ahora la continuidad de los efectos de la adjudicación del concurso internacional, "por razones de interés general, fundamentalmente, para promover la creación de empleo, primero de los objetivos de la Junta de Andalucía", explicó ayer la Consejería de Empleo.

La decisión administrativa implica que se va a proceder a incluir en el Registro Minero de Andalucía el otorgamiento del permiso de investigación y la concesión de explotación de los recursos incluidos en la denominada "Zona Aznalcóllar" a nombre de la entidad aceptante, así como al inicio de los trámites pertinentes para la autorización de los trabajos de investigación recogidos en su oferta y a la cesión de la posesión de los terrenos e instalaciones vinculados a la "Zona Aznalcóllar".

Gracias a esta cesión, la empresa puede comenzar ya las labores preparatorias de la fase de investigación, lo que dará lugar a la contratación de unas 200 personas para la investigación y, más adelante, de otras 1.100 en la puesta en marcha de la actividad. Para toda la campaña de investigación, se prevé una inversión total de siete millones de euros.

En la resolución de este procedimiento de paralización cautelar, la Consejería reiteró ayer su "plena disposición" a la máxima colaboración con la Administración de Justicia y a adoptar las medidas oportunas para dar cumplimiento a cualquier mandato judicial que "en el futuro se pueda acordar respecto de la mina". Con esta finalidad, la Junta ha informado a la magistrada que instruye la causa sobre la decisión de levantar la suspensión cautelar de la adjudicación a Grupo México-Minorbis.