Primera vez que las administraciones quieren abordar la declaración de zonas saturadas de viviendas turísticas. El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía pondrán coto a este tipo de alojamiento tomando como base los últimos informes de Emvisesa, que determinan la presión de las viviendas turísticas en la ciudad. Las primeras reuniones tendrán lugar después de las elecciones municipales que se celebran el 28 de mayo. El modelo a seguir será el implantando hace poco más de un mes en San Sebastián, que ha suspendido temporalmente la concesión de licencias mientras se revisa el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La idea es que el alcalde y el presidente de la Junta aborden antes del verano una de las soluciones a la masificación turística buscando una fórmula legal para declarar zonas saturadas siempre de la mano de todas las entidades afectadas, seas empresariales o vecinales. El modelo a mirar es San Sebastián. La suspensión en ese municipio afecta a todo tipo de hospedajes, hoteles y viviendas turísticas, en cualquier parcela urbana en los barrios de Antiguo-Ondarreta, Ategorrieta-Ulía, Centro, Gros e Ibaeta.

En el resto de la ciudad se están denegando licencias únicamente en las parcelas de uso urbano. La Parte Vieja está excluida porque ya fue declarada zona saturada. Alcaldía explicó que, en el caso de que durante este año de suspensión se apruebe inicialmente el Plan General, el Ayuntamiento podrá prorrogar un año más la medida hasta la aprobación definitiva de la nueva regulación.

El gobierno municipal tomará como base la presión turística de los informes de Emvisesa

Tras el final del terrorismo y una década de expansión del turismo en todo el mundo, el número de plazas de alojamiento turístico en la ciudad ha sufrido un importante incremento. De hecho, San Sebastián dispone ahora de unas 18.000 plazas de alojamiento, una cantidad que se ha incrementado en un 40% en los últimos seis años. En la capital donostiarra hay 162 hoteles y pensiones, con un total de 3.825 habitaciones, mientras que se contabilizan 1.352 viviendas turísticas, con un aforo estimado de 5.700 plazas.

El gobierno municipal sostiene que la alianza para la excelencia turística (Exceltur) apeló a través del informe Revitur a regular las viviendas turísticas (VFT) “que han crecido en los últimos años de forma sin regulación y cuya aportación a la economía y el empleo es menor que la de los hoteles”. En ese documento se apuntaba a la necesidad de implementar un triple marco regulatorio en materia de viviendas turísticas. El marco regulatorio propuesto recomienda implementar modificaciones en las regulaciones de competencia estatal, autonómica y local.

Según este informe, “son los ayuntamientos, a causa de sus competencias e instrumentos de planificación urbanística y su mejor conocimiento del destino, los mejor posicionados en diseñar e implementar una ordenación territorializada del fenómeno de las VUT, acorde con su modelo de ciudad, sus estrategias de dinamización de la vida de barrio, sus políticas de movilidad, gestión de servicios soporte y la integración en éstas de un posicionamiento deseado como turístico”.

La reunión entre ambas administraciones será después de las elecciones municipales

Los socialistas argumentan que, entre las medidas propuestas en el marco del ámbito competencial de los Ayuntamientos, Exceltur destaca la necesidad de introducir en el planeamiento urbanístico de una calificación específica para el uso de vivienda turística como uso diferenciado del uso residencial. “De esta manera se podría establecer, como una determinación del planeamiento, la compatibilidad de usos o en su caso la incompatibilidad de uso respecto del uso residencial o de los usos terciarios”.

Por su parte, el gobierno andaluz sigue ultimando la adecuación de su limitación a la normativa europea para evitar sacar adelante un texto “que iba a ser tumbado al minuto”. Una vuelta de tuerca que endurezca las condiciones para convertir un piso en turístico en zonas tensionadas de la ciudad como el centro o Triana. Esa medida supondría la imposibilidad de abrir nuevos pisos turísticos hasta que su porcentaje no se adecuase a los estándares necesarios de calidad de vida de los residentes.

Desde la Consejería de Turismo se argumenta que “una normativa especialmente rígida en términos de dejar fuera de la planificación a viviendas de fines turísticos es, desde el punto de vista de la Agencia de la Competencia y de los tribunales, algo que no se admite en este contexto de libre mercado”.