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Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla reserva un mínimo del 1% del presupuesto para las adjudicaciones públicas a contrataciones de personas con discapacidad

Fachada la Casa Consistorial que mira a la Plaza Nueva.

Fachada la Casa Consistorial que mira a la Plaza Nueva. / Juan Carlos Muñoz

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del impulso de la Delegación de Empleo en coordinación con todas las áreas municipales, reservará al menos un 1% del presupuesto destinado a adjudicaciones públicas a personas con discapacidad y a para empresas de inserción laboral y centros especiales de empleo de iniciativa social. De este modo, Sevilla establece un porcentaje fijo reservado a personas situación de vulnerabilidad en función del volumen total del presupuesto de las adjudicaciones públicas.

Todo ello en el contexto de que, tanto la legislación de contratos europea como nacional insiste en el refuerzo de la contratación pública como una política estratégica que refuerce otras medidas que sean de carácter social y medioambiental. De este modo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha asumido el compromiso de llevar a efecto la reserva del derecho a participar en los procedimientos de la adjudicación de los contratos o determinados lotes de los mismos que pretendan celebrar el Ayuntamiento de Sevilla, sus organismos autónomos y las entidades que integran el sector público municipal. De hecho, ya ha publicado las primeras licitaciones para contratos reservados.

“Se trata, por lo tanto, de una oportunidad que ofrece la Ley para reforzar las estrategias de políticas sociales con las que el Ayuntamiento de Sevilla quiere impulsar y complementar con otras políticas de igual calado social a partir de la contratación pública a coste cero, incluso obteniendo un beneficio si se tiene en cuenta de que muchas de las personas que se emplearán en esos contratos reservados son perceptores potenciales o actuales de Rentas de Inserción y ayudas relacionadas”, ha destacado la delegada de Empleo, Amelia Hernández. En este sentido, ha explicado que “la reserva de contratos no es solo una obligación impuesta por la Ley, sino que es una obligación social hacia las personas que desde lo público necesitan de una mayor protección, ya que parten de una situación de vulnerabilidad y deben ser protegidas a través del establecimiento de mecanismos de oportunidades que las iguale ante el mercado laboral, el nivel y la calidad de vida”.

El porcentaje mínimo de reserva para 2022 se fija en un 1 %, calculado sobre los importes de adjudicación de la anualidad correspondiente al año 2021 del conjunto de contratos de servicios y suministros de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público celebrados por el Ayuntamiento de Sevilla. También se ha aprobado la instrucción sobre condiciones mínimas y criterios de actuación para garantizar el cumplimiento y aplicación de la reserva de contratos prevista en la disposición Adicional 4º de la LCSP.

Al mismo tiempo, se han realizado unas jornadas con el personal del Ayuntamiento responsable de la tramitación de los contratos para darles conocimiento de la instrucción, así como para sensibilizar sobre el uso en las licitaciones públicas  de la reserva de contratos, en aquellos casos en los que se considere adecuado, al objeto a contratar y tener una visión abierta sobre los mismos.

“El Ayuntamiento de Sevilla considera que la contratación pública desempeña un papel clave como instrumento a utilizar para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y para implementar políticas a nivel europeo y nacional en materias sociales, medioambientales, de innovación y desarrollo, promoción de pymes y defensa de la competencia”, ha añadido la delegada.

La realización de contratos reservados no supone un mayor coste para la administración. Es un gasto ya incluido dentro de las licitaciones previstas  que conlleva una serie de beneficios sociales y de empleo que se derivan de la actividad que realizan las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social con los colectivos con los que trabajan.

También destaca la delegada la fuerte conexión que tienen estas empresas con la comunidad local y la obligación de contar entre sus empleados con personas de determinados colectivos hace que la relación con los servicios sociales de la ciudad donde se desarrollen las actividades sea fundamental. “Está demostrado que al mismo tiempo, la obligación de revertir gran parte de sus beneficios en el propio objeto social de las entidades garantiza la continuidad de su labor”, ha indicado. 

Los contratos reservados, por su parte, tienen la ventaja de que las personas que se adscriban a los mismos cuentan con una estructura definida para realizar el denominado “itinerario de inserción” en las empresas de inserción y su equivalente en los centros especiales de empleo, un proceso donde no solamente se trabaja una serie de habilidades clave para mejorar su empleabilidad, sino que se les proporcionan oportunidades laborales en el mercado laboral ordinario.

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