El Servicio de Disciplina de la Gerencia de Urbanismo ha abierto 250 expedientes en obras realizadas en el Conjunto Histórico Declarado de la ciudad en los tres primeros meses del presente año. Hasta en 21 casos ha tenido que recurrir a la intervención de los agentes de la Policía Local para precintar las obras y hacer cumplir las correspondientes órdenes de clausura. La tramitación de los expedientes ha conllevado la interposición de 60 sanciones por un importe de 550.780 euros y en 71 casos se han decretado órdenes de demolición de nuevas edificaciones para obligar al promotor a respetar la configuración original del patrimonio alterado. Urbanismo ha formalizado ya diversos contratos para la ejecución subsidiaria de las demoliciones en los casos necesarios.

El Conjunto Histórico Declarado de la ciudad está formado por la zona Centro, Triana y el arrabal de San Bernardo, junto a zonas de la Expo del 29. En este gran sector, obviamente, es donde hay más fincas catalogadas. La mayoría de las órdenes de demolición de remontes ilegales y un gran número de multas se dictan por ilegalidades cometidas en edificios que tienen asignados un nivel de protección alto, representado en la normativa urbanística por las letras A, B y C.

La infracción más habitual, al igual que en trimestres anteriores, es la demolición de elementos protegidos, como son los muros de la primera y de la segunda crujía y los patios, galerías y escaleras. En segundo lugar figuran las ampliaciones por colmatación y por remonte, que son las ilegalidades contra las que más han clamado las asociaciones en defensa de patrimonio en los últimos años hasta conseguir que la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía instara a la Comisión Provincial de Patrimonio a realizar una aplicación taxativa del artículo 20.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

Entre los siguientes tipos de infracción destacan las adecuaciones de locales, el fraccionamiento de viviendas en apartamentos, la instalación de antenas en las fachadas y en las cubiertas y las instalaciones de rótulos de publicidad sin licencia.

Urbanismo anunció en su momento un plan especial de lucha contra los áticos ilegales. La Gerencia dispone de un mapa con la exacta ubicación de todos ellos, incluso de los más alejados del centro. Actualmente hay localizados más de cien, la gran mayoría de ellos perfectamente apreciables desde la vía pública y en zonas clave del conjunto histórico, como la Avenida de la Constitución, justo enfrente de la Catedral o las calles Gracia Fernández Palacios o Adriano, en pleno barrio del Arenal. Un número muy elevado de estos remontes ilegales están levantados con materiales de los denominados ligeros: policarbonatos, vidrios, maderas, etcétera. Se trata de materiales reversibles, más fáciles de demoler en los casos en que se aprueba la orden de restitución del patrimonio edificatorio alterado. Urbanismo valoró en su momento el coste de demolición de los 106 áticos ilegales en más de 570.000 euros.

Sólo el 20% de las ampliaciones ilegales de fincas son inferiores a los 10 metros cuadrados de superficie. Y existe un 20% casos por encima de los 30 metros cuadrados, llegándose en algunas fincas a una ampliación ilegal de 100 metros cuadrados, que son los casos de mayor gravedad.

En el Conjunto Histórico Declarado de la ciudad hay varios ejemplos que superan o rozan la ampliación ilegal de las fincas en cuestión en casi 100 metros cuadrados. Por ejemplo, Urbanismo detectó en su momento un ático ilegal en la calle Adriano de 102 metros cuadrados, uno de 110 en Betis y uno más de de 96 en la zona de la calle Levíes.