Alejar las gasolineras de las viviendas. Los servicios jurídicos municipales estudiarán las limitaciones, prohibiciones y condiciones que puedan imponerse en el suelo próximo a zonas residenciales para la instalación de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos. La sesión plenaria aprobó una moción del partido socialista, que vino precedida de otra realizada hace un mes por Participa Sevilla e Izquierda Unida a raíz de una gasolinera en Pino Montano que estaría a 25 metros de un bloque de unos 200 pisos.

Los grupos políticos instaron al Estado a realizar las modificaciones normativas necesarias para permitir que en el planeamiento urbanístico, los ayuntamientos puedan determinar la localización específica de las estaciones de servicio, y los instrumentos urbanísticos adecuados para el establecimiento de estas condiciones. El objetivo del estudio es conocer las opciones reales que el actual marco legislativo deja a los ayuntamientos. La otra opción supondría “realizar cambios legislativos que permitieran a los gobiernos locales adoptar en este aspecto los acuerdos que, en cada caso, estimasen más adecuados para salvaguardar los intereses generales”.

La propuesta recuerda que las normas del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) prevén una regulación detallada de las condiciones de establecimiento y localización de las estaciones de servicio. Esta regulación se realiza a través de un plan especial que exige que las instalaciones se ubiquen dentro de los suelos calificados como protección de vidrio que cumplan condiciones como guardar una distancia de 50 metros a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, dotacional o terciario; guardar una distancia; guardar  una distancia mínima a otras instalaciones de suministro existente de 500 metros; estar adecuadas al entorno urbano;  disponer de una parcela mínima de mil metros cuadrados; o prevenir medidas compensatorias dirigidas a la mejora del medio urbano natural.

El PGOU prevé que, mientras no se apruebe el plan especial, únicamente podrán autorizarse en el suelo urbano cuando se trate de parcelas privadas siempre que sean instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin edificios medianeros y que estén expresamente señalados en los planos de ordenación detalla o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.

Una ley estatal impide que los instrumentos de planificación territorial y urbanística regulen aspectos técnicos de instalaciones dedicadas a la distribución al por menor de carburantes o exijan una tecnología concreta. En la práctica la nueva normativa equipara el uso de abastecimiento de combustible a otros que suponen la elaboración, venta y suministro de diversidad de bienes y servicios que no requieren de un reconocimiento explícito en el planeamiento y que quedan englobados en usos genéricos como comercial o industrial. A través de este mecanismo, se eliminan las facultades de los municipios para limitar la ubicación de este tipo de establecimientos.

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, apuesta por establecer limitaciones para implantar gasolineras cerca de áreas residenciales con el objetivo de que “no se repita la situación en otras zonas de la ciudad” como la vivida en Pino Montano, donde los vecinos de Estrella Vega rechazan la estación de servicio proyectada. Advirtió de que dejar sin efecto la licencia de obra de esa estación supondría cinco millones de euros para el Consistorio. Muñoz solicitó que se modifique “el real decreto del PP que torpedea la autonomía municipal y que supone que el Ayuntamiento no podrá denegar las instalaciones de estaciones de servicios con unas determinadas características”.

La concejal de Participa Cristina Honorato pidió que se analice “cómo se puede revocar ese estropicio” para los vecinos de Pino Montano y exige que se asuman “responsabilidades políticas”.