El Ayuntamiento mantiene en sus puestos a los 37 'enchufados' de la Policía Local

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene en sus puestos a los 37 policías locales que han sido imputados por el juez que investiga un presunto amaño de las oposiciones. El titular del juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, los ha citado a declarar los días 19, 21, 22 y 23 de enero en calidad de imputados como presuntos autores de un delito de prevaricación. Estos 37 agentes habrían accedido de manera fraudulenta a la Policía Local, ya que habrían tenido acceso a las preguntas del examen teórico de las últimas dos convocatorias celebradas en Sevilla, en las que entraron en total 103 nuevos policías.

Entre estos 37 agentes hay numerosos hijos del cuerpo y familiares de distintos mandos y sindicalistas. Entre ellos hay personas emparentadas con el intentendente mayor Gabriel Nevado, actual jefe operativo de la Policía Local, y del superintendente Juan José García, jefe ejecutivo del cuerpo y presidente de los dos tribunales de las oposiciones. Este mando está imputado en la causa, junto con otros miembros de la Policía Local. Otros imputados son familiares de otros altos cargos de la Jefatura. Algunos de los que tendrán que comparecer ante el juez fueron incluso condecorados en el último Día de la Policía Local.

Pese a su imputación, el Ayuntamiento de Sevilla no ha puesto en marcha ninguna medida cautelar contra estos agentes, como sí hizo en otros casos anteriores. Por ejemplo, el Consistorio suspendió de empleo y sueldo en el año 2012 a cuatro agentes del Grupo Giralda implicados en un presunto fraude en el cobro de las dietas por asistencia a juicios. También cambió de destino cautelarmente a un grupo de agentes de la unidad de Tráfico-Motoristas que habrían cobrado presuntamente tasas ilegales por servicios relacionados con la grúa.

Fuera del ámbito policial, el Ayuntamiento también aplicó esta mano dura en el caso del ex director general de Medio Ambiente, Joaquín Peña, que fue destituido fulminantemente por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, el mismo día que la Guardia Civil registró su despacho y sin que aún estuviera imputado por la juez Alaya. Su imputación en el caso Madeja no se produjo hasta un año después. El Ayuntamiento aseguró este miércoles a este periódico que esperará a la resolución judicial del caso para pronunciarse públicamente.

El juez avala la "legalidad" de la actuación de Gepol

El juez de Instrucción número 9 ha desestimado la petición de uno de los imputados -un mando de la Policía Local- para que se anulara la causa de las oposiciones por haber intervenido el Grupo Especial de Policía Local (Gepol). En un auto, el magistrado ha avalado la legalidad de la unidad, al afirmar que los agentes actuaron "con atención estricta a lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" -que regula la actuación de la Policía Judicial- y "en cumplimiento del requerimiento que se efectuó en auto de 16 de abril de 2013, de continuación de las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, auto que quedó firme".