El Ayuntamiento suspende la licencia a la empresa de embutidos investigada

La delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, la socialista Teresa Florido, firmó ayer la suspensión temporal de la actividad de la empresa sevillana que tenía a la venta hasta 17.400 kilogramos de embutidos y otras piezas sin cumplir las normas de calidad, lo que ha motivado su inmovilización, a la espera de que finalice la investigación en curso.

Fuentes municipales precisaron que la actividad de este negocio queda suspendida hasta que se subsanen las deficiencias que, por el momento consisten en la no coincidencia del etiquetado con la calidad del producto. Según informó esta semana la Junta, entre otras infracciones se ha comprobado que estos productos "no reúnen los requisitos exigidos para su comercialización como ibéricos ni en lo que se refiere a su certificación ni en cuanto a las garantías de trazabilidad".

Durante la operación, en la que también actuaon la Policía Local y la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla en el marco de su competencia sanitaria, la Junta detectó además que la empresa comercializaba productos cárnicos de cerdo blanco húngaro y procedente de Italia bajo la denominación de ibéricos.

La Junta, que ha paralizado la comercialización de este tipo de productos, está actualmente evaluando el volumen de carne que ha salido a la venta tras la manipulación de los etiquetados. Asimismo, se ha ordenado la destrucción de 1.600 kilos de productos por diferentes incumplimientos sanitarios.

La Administración autonómica explicó que, una vez que los técnicos de la Consejería de Agricultura concluyan las labores de inspección, se enviarán las actas correspondientes a la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca para que se inicie el proceso sancionador. Este tipo de infracciones conllevan unas penalizaciones que pueden ser de hasta cinco veces el valor del producto comercializado.

En este sentido, la Unión de Consumidores de Andalucía aplaudió la actuación y pidió a la Junta que imponga "sanciones ejemplarizantes". La UCE alertó de que se trata de un sector especialmente "susceptible de fraudes que afecten a los derechos y al bolsillo de los ciudadanos".

En esta línea, la Asociación de Industrias de la Carne de España-Grupo de Ibérico (Iberaice) mostró su satisfacción por la eficacia de la actuación y subrayó que esta operación pone de manifiesto la "imperiosa" necesidad de que el sector ibérico cuente con una figura de protección de ámbito comunitario, como la Indicación Geográfica Protegida (IGP), cuya tramitación ha solicitado la asociación y la Interprofesional del Cerdo Ibérico al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).