El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, negó ayer que pueda considerarse desproporcionada la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo que su departamento ha impuesto a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, en relación con los errores del caso Mari Luz.

Bermejo explicó que no se había hablado de desproporción si en el caso del juez Rafael Tirado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no hubiera puesto una sanción de 1.500 euros considerada por muchos como una provocación". El titular de Justicia mostró su satisfacción por que sea el nuevo Pleno del órgano de gobierno de los jueces el que "examine la dimensión de lo ocurrido en cuanto al grado de negligencia que se ha producido y en cuanto a las consecuencias del daño causado a las personas".

El ministro también se refirió a las críticas vertidas desde diversos sectores profesionales sobre la situación de la Administración de Justicia. "Si fuera real ese estado caótico de la Administración, veríamos casos Mari Luz todos los días; qué casualidad que esto sólo ocurra muy de vez en vez y suele coincidir con actitudes negligentes", defendió Bermejo.

Mientras tanto, la secretaria del juzgado de lo Penal número 1 está estudiando la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el propio Ministerio contra la sanción impuesta. Los funcionarios destinados en este órgano judicial consideraron "totalmente injusto" que se criminalice a una persona por un problema que atañe a todos los juzgados de España, informa Europa Press.

Por su parte, el sindicato CSI-CSIF lamentó la "vergonzosa manipulación política" que se está produciendo en torno a este caso y tildó de contradictorio que "los mismos políticos que abogan por sanciones ejemplares sean los que niegan, año tras año, medios personales y materiales a los órganos judiciales que provocan atrasos con resultados tan lamentables" como el de la niña onubense. El sindicato reiteró que en este caso se ha producido un "clamoroso fallo de todo el sistema".