CSIF sumará fuerzas con los colegios para recurrir la orden ministerial
El sindicato se reunirá el 21 de junio con instituciones colegiales para planear medidas de presión.
La central sindical CSIF reunirá el próximo jueves, 21 de junio, a responsables de ocho colegios profesionales de Sevilla (Graduados Sociales, Abogados, Médicos, Enfermeros, Dentistas, Veterinarios, Farmacéuticos y Fisioterapeutas) para sumar fuerzas contra la orden ministerial que entrará en vigor a principios de julio y que anula la compatibilidad de percibir una jubilación y seguir ejerciendo.
El portavoz de la sección de Sanidad del CSIF, Fernando Castelló, tilda de "arbitraria e injusta" esta medida que "no ha dado tiempo de reacción para la inmensa mayoría de los profesionales, que se verán muy afectados". "Muchos médicos, por ejemplo, tendrán que optar por cerrar la consulta, lo que motivará despidos", añade. "La asesoría jurídica está estudiando visos de inconstitucionalidad de esta medida adoptada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que nos ha cogido a todos por sorpresa", dice Castelló.
El objetivo de este sindicato es promover medidas de presión para forzar al Gobierno a dar marcha atrás. "Los servicios jurídicos de la unión se encuentra ya trabajando en las impugnaciones a que haya lugar, manifestando desde este momento que se agotarán cuantas vías jurídicas existen para restablecer la legalidad que consideramos infringida por el proyecto de la orden", explica Isidoro Ocaña, presidente en Sevilla de CSIF.
Para Ocaña la norma ministerial "cercena sin más el derecho reconocido legalmente en la actualidad a un colectivo muy numeroso de profesionales que pueden compatibilizar su justo percibo de la pensión de jubilación contributiva con ejercicio profesional". En este sentido, para los responsables en Sevilla del CSIF esta normativa, que fue publicada en el BOE el 26 de mayo, es "ilegal, absolutamente contraria al ordenamiento jurídico, y llega a infringir la propia Constitución". Isidoro Ocaña transmitió la semana pasada, a través de una carta, que el Ministerio de Trabajo, con esta orden, está expropiando derechos y generará "gravísimas consecuencias para el mismo ámbito de la Seguridad Social y para el empleo".
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